CARACAS, jueves 21 de agosto, 2008 | Actualizado hace
12:39 PM
Lima.- Las 65 etnias indígenas selváticas
del Perú, que protestan por leyes que consideran amenazan
sus tierras, suspendieron sus acciones y retornaron a sus
tierras, mientras las operaciones petroleras y gasíferas
que pretendieron bloquear se desarrollan con normalidad, dijo
hoy el ministro del Interior Luis Alva.
Los indígenas levantaron su protesta el miércoles
tras conseguir la promesa del Congreso de poner a debate el
viernes un dictamen de la Comisión de Pueblos Andinos,
Amazónicos y Afroperuanos que aceptó derogar los
decretos 1015 y 1073, la principal exigencia de los nativos.
"Acabo de recibir el reporte... de que todas las comunidades
nativas han regresado a sus lugares de origen'', dijo el ministro
Alva en declaraciones a la emisora Radioprogramas.
Alberto Pizango, presidente de la Asociación Interétnica
de Desarrollo de la Selva Peruana, confirmó en una entrevista
con la televisora de cable Canal N que los indígenas
han desalojado todos los lugares que mantenían tomados.
Alva aseguró también que vienen funcionando normalmente
las estaciones petroleras 4, 5, 6, 7, 8 y 9 y la central hidroeléctrica
El Muyo, que son resguardas por contingentes policiales.
Los nativos iniciaron su protesta el 9 de agosto en rechazo
de decretos dados por el gobierno, que según ellos, facilitan
la venta de sus tierras a las empresas, al reducir de 66%
a 51% el porcentaje de votos necesarios para que los miembros
de una comunidad decidan sobre el destino de sus territorios,
reseñó AP.
Los decretos fueron dados por el ejecutivo en virtud de las
facultades legislativas solicitadas al Congreso, para adecuar
la legislación peruana a fin de poder implementar el
Tratado de Libre Comercio firmado con Estados Unidos.
Pizango dijo que el gobierno dictó los decretos ignorando
la Constitución Peruana y un Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) que señala que los pueblos
indígenas y tribales deben ser consultados sobre medidas
legislativas o administrativas que pudieran afectarles.
Los indígenas bloquearon carreteras y tomaron pacíficamente
instalaciones petroleras y gasíferas, amenazando con
cortar el suministro energético del país. El gobierno
suspendió el martes las garantías constitucionales
al decretar un estado de emergencia por 30 días en cuatro
puntos de la selva.
El Congreso, no obstante, aceptó debatir la derogatoria
de los decretos cuestionados, logrando el compromiso de los
indígenas de suspender sus medidas de fuerza.
El presidente Alan García cuestionó la actitud
del Congreso, afirmando que la derogatoria de los decretos
sería un "gravísimo error histórico'' que condenará
a las comunidades indígenas y campesinas al atraso y
la exclusión.
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