12:39 PM Lima.- Las 65 etnias indígenas selváticas del Perú, que protestan por leyes que consideran amenazan sus tierras, suspendieron sus acciones y retornaron a sus tierras, mientras las operaciones petroleras y gasíferas que pretendieron bloquear se desarrollan con normalidad, dijo hoy el ministro del Interior Luis Alva.

Los indígenas levantaron su protesta el miércoles tras conseguir la promesa del Congreso de poner a debate el viernes un dictamen de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos que aceptó derogar los decretos 1015 y 1073, la principal exigencia de los nativos.

"Acabo de recibir el reporte... de que todas las comunidades nativas han regresado a sus lugares de origen'', dijo el ministro Alva en declaraciones a la emisora Radioprogramas.

Alberto Pizango, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, confirmó en una entrevista con la televisora de cable Canal N que los indígenas han desalojado todos los lugares que mantenían tomados.

Alva aseguró también que vienen funcionando normalmente las estaciones petroleras 4, 5, 6, 7, 8 y 9 y la central hidroeléctrica El Muyo, que son resguardas por contingentes policiales.

Los nativos iniciaron su protesta el 9 de agosto en rechazo de decretos dados por el gobierno, que según ellos, facilitan la venta de sus tierras a las empresas, al reducir de 66% a 51% el porcentaje de votos necesarios para que los miembros de una comunidad decidan sobre el destino de sus territorios, reseñó AP.

Los decretos fueron dados por el ejecutivo en virtud de las facultades legislativas solicitadas al Congreso, para adecuar la legislación peruana a fin de poder implementar el Tratado de Libre Comercio firmado con Estados Unidos.

Pizango dijo que el gobierno dictó los decretos ignorando la Constitución Peruana y un Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que señala que los pueblos indígenas y tribales deben ser consultados sobre medidas legislativas o administrativas que pudieran afectarles.

Los indígenas bloquearon carreteras y tomaron pacíficamente instalaciones petroleras y gasíferas, amenazando con cortar el suministro energético del país. El gobierno suspendió el martes las garantías constitucionales al decretar un estado de emergencia por 30 días en cuatro puntos de la selva.

El Congreso, no obstante, aceptó debatir la derogatoria de los decretos cuestionados, logrando el compromiso de los indígenas de suspender sus medidas de fuerza.

El presidente Alan García cuestionó la actitud del Congreso, afirmando que la derogatoria de los decretos sería un "gravísimo error histórico'' que condenará a las comunidades indígenas y campesinas al atraso y la exclusión.