MAYELA ARMAS H. // FIDEL EDUARDO OROZCO

EL UNIVERSAL

El pasado mes de abril, el presidente Hugo Chávez anunció la nacionalización de las empresas productoras de cemento; en junio emitió el decreto para la ordenación de la industria y ayer el Estado asumió el control.

Los grupos Lafarge (Francia) y Holcim (Suiza) decidieron aceptar los términos impuestos por el Ejecutivo de manera que mantendrán participaciones minoritarias, mientras que Cemex (México) será expropiada, porque no concretó las negociaciones y el precio establecido a las acciones era "muy alto", de acuerdo con lo indicado por el vicepresidente de la República, Ramón Carrizález.

En la Vicepresidencia, las directivas de Lafarge y Holcim firmaron los memorandos de entendimiento, y en ellos se contempla la constitución de dos empresas mixtas.

En caso de Lafarge, el Estado tendrá el control de 89% de las acciones, de manera que el grupo francés se quedará con 11%, aunque de ese monto cerca de 6% está en la Bolsa de Valores. Por esa participación se cancelarán 267 millones de dólares.

En Holcim el Estado tendrá 85% de las acciones, con lo cual el grupo suizo mantendrá una participación de 15%. Por esas acciones el Gobierno erogará 552 millones de dólares.

Por las dos cementeras el Estado pagará en total 819 millones de dólares y ese procedimiento se concretará en un plazo de 60 días. El ministro de Energía y Petróleo y presidente de Pdvsa, Rafael Ramírez, indicó que "la República realizará la compra", aunque no precisó si el control en las compañías lo tendrá la industria petrolera o algún ente del Ministerio de Industrias Básicas y Minería.

Ramón Carrizález indicó que "ahora se inicia una fase de transición y durante esa etapa se garantiza la estabilidad laboral".

Ramírez, quien además encabezó las negociaciones con las cementeras, expresó que con Lafarge y Holcim "se llegó a un proceso transparente, se realizaron auditorías y estamos muy satisfechos de que las empresas hayan acordado el precio para traspasar las acciones. Esto permitirá apuntalar el desarrollo en vivienda e infraestructura".

Control total Con Cemex las negociaciones han sido más complejas y de acuerdo con lo indicado tanto por el vicepresidente como por el ministro de Energía y Petróleo la empresa será expropiada.

La acción, según los funcionarios, responde a lo previsto en el decreto de ordenación de la industria cementera, el cual indica que si las compañías no se logran transformar en empresas del Estado se decreta la expropiación de las acciones.

Carrizález y Ramírez indicaron que el plazo para terminar las negociaciones con Cemex vencía ayer a las 12:00 de la noche, de manera que hoy se asume el control. El vicepresidente destacó que la compañía mexicana estaba pidiendo por las acciones más de 1.200 millones de dólares, "y nosotros estamos adquiriendo dos empresas con la misma capacidad de Cemex por 819 millones de dólares. El valor de Cemex puede estar por allí ($800 millones). Todos sabemos que Cemex tiene problemas ambientales y de atraso de tecnología en las plantas".

Ramírez reiteró que "nuestra valoración de Cemex está muy por debajo de lo que han pedido. La planta de Pertigalete (ubicada en el estado Anzoátegui) no puede ser valorada igual que las de Lafarge y Holcim. Cemex debe saldar las deficiencias en pasivos ambientales y la deuda fiscal (la empresa fue objeto de un reparo por 80 millones de bolívares fuertes)".

Cuestionó la venta de los activos externos de la cementera mexicana y dijo que la misma está siendo investigada por la Comisión Nacional de Valores.

El titular de Pdvsa agregó que los accionistas minoritarios estarán protegidos y en el caso del 6% de las acciones de Lafarge en la Bolsa se hará un procedimiento como se hizo con EDC.

Por su parte el presidente de la Cámara de la Construcción, Fernando Azpurua, manifestó que las empresas garantizan el suministro de cemento para continuidad de las obras.

Ramírez habló a medianoche El Gobierno ejecutó a la medianoche del lunes la expropiación de las filiales de Cemex en Venezuela. Poco antes de las 12, los ex trabajadores de Pdvsa, de Petrocedeño y Petropiar, acompañados por el ministro Rafael Ramírez y el gobernador de Anzóategui, Tarek Saab, encabezaron un acto en las adyacencias de la planta de Pertigalete, en Puerto La Cruz. Ramírez se refirió a la empresa mexicana como "un enclave depredador".

Antes de vencerse el plazo para que comenzara a tener vigencia la expropiación, efectivos militares habían tomado las instaciones de Cementos Mexicanos en los estados Zulia, Lara y Anzoátegui.

Con información de Marla Prato