VÍCTOR SALMERÓN

EL UNIVERSAL

Dispuesto a instaurar un modelo donde el Estado es el eje central de la economía, el gobierno de Hugo Chávez tiene pendiente el pago por la nacionalización de las asociaciones estratégicas de la Faja (Exxon, Conoco y ENI); tres cementeras en poder de Lafarge, Cemex y Holcim; Sidor y el Banco de Venezuela.

¿Cuánto tendrá que desembolsar la República en los próximos meses? Ecoanalítica indica en su último informe que considerando los montos que se han manejado, el cheque estará cerca de $11 mil 600 millones.

"Si bien es una cifra importante, que representa aproximadamente un tercio de los ingresos extraordinarios petroleros recibidos por el fisco en el primer semestre de este año, es una cifra más que manejable por el Ejecutivo", dice Ecoanalítica.

El reporte sostiene que el problema de fondo no es si el Gobierno está en capacidad de pagar por estas empresas, sino el tipo de Estado que ha comenzado a construirse.

"¿Por qué destinar mil 200 millones de dólares a comprar un banco eficiente (Venezuela)? ¿Por qué no destinarlo a otras prioridades en materia de salud, infraestructura, seguridad?".

"Un Estado que se hace más grande es, a la larga, garantía de que el ajuste macroeconómico que venga en el futuro tendrá mayor resonancia en toda la sociedad".

Ecoanalítica agrega que "ya el problema no es si los precios petroleros suben o bajan, el problema real es que cada vez necesitamos precios petroleros más altos para financiar esta nueva concepción de Estado, cada vez con más poder, pero con menos capacidad para resolver los problemas más apremiantes que nos afectan".

Marco legal A la par que expande el tamaño del Estado, la administración de Hugo Chávez aprueba leyes que apuntan a disminuir el peso de los esquemas tradicionales de producción.

Ecoanalítica estima que las 26 leyes promulgadas recientemente buscan "un mayor peso de las nuevas formas de organización económico-social: consejos comunales, empresas de producción social, empresas mixtas".

Otro factor a tomar en cuenta es una mayor presencia del Estado a través de regulaciones y la legalidad de prácticas que ya han venido operando en lo concerniente al manejo de los recursos excedentarios, la ejecución financiera de Pdvsa y operaciones de crédito público.

El estímulo a las nuevas formas de organización es visto con cautela. "En la mayoría de los casos no tienen la experticia técnica ni el músculo financiero para acometer proyectos de gran envergadura, lo que ha provocado muchos retrasos e inconvenientes".

Ecoanalítica considera que estas fallas han dado origen a que "numerosos agentes perciban que el Gobierno tiene problemas fiscales a la luz de los atrasos y la suspensión de obras. El problema es más grave que la falta de dinero, pues tiene que ver con una posición ideológica".

"El Ejecutivo ha señalado que a partir de este año, el gasto debe regirse sobre la base de los lineamientos del Plan de Desarrollo Económico y Social 2007-2013. En dicho programa se señala que en los próximos seis años se ha de establecer un modelo productivo socialista formado básicamente por las empresas de producción social".

Ecoanalítica indica que "en este contexto, cada una de las empresas del sector privado tiene la percepción, en mayor o menor grado, de que puede ser víctima del Gobierno".

El resultado es que este entorno "provoca que las empresas no estén realizando inversiones significativas para incrementar la capacidad de producción, sino que están invirtiendo en la capacidad para ampliar su cobertura (directa e indirecta) y profundizar su conocimiento sobre el consumidor".

Víctor Salmerón
EL UNIVERSAL