12:07 PM Caracas.- El presidente del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), William Echeverría, rechazó hoy la campaña de maltratos y difamación que, a juicio de esa organización, se estaría llevando a cabo desde las diferentes instancias del gobierno del presidente Hugo Chávez en contra de los comunicadores sociales.

El señalamiento fue realizado en el marco de la presentación al país del Manifiesto de los Comunicadores Sociales, texto derivado de la realización de la convención nacional de trabajadores, realizada el pasado sábado 9 de agosto. 

El documento fue leído por Echeverría en rueda de prensa, en la cual, destacó que dicho evento "tenía diez años sin realizarse".

La junta directiva del CNP rechazó "toda campaña de maltratos y difamación, con la cual, se pretende amedrentarnos e invalidar el ejercicio legítimo de nuestro trabajo y su función social que garantizan al ciudadano su derecho a estar informado".

En ese sentido, las autoridades del organismo exigieron a los funcionarios agentes del Estado y a los directivos de medios privados el cumplimiento de lo establecido en la Carta Magna y en la Ley de Ejercicio del Periodismo, en cuanto a respetar el derecho de los venezolanos de estar informados y a expresarse libremente.

Señalaron a legislaciones como la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, La Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión; y, el Código Penal vigente como instrumentos del gobierno para fines políticos.

Exigieron la revisión de los artículos 223 y 226 del Código Procesal Penal actual, los cuales, a su juicio, califican como delito al vilipendio, tal y como fue ratificado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en la sentencia 1942, "decisión ésta que contraría las recomendaciones de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Asimismo, la junta directiva del CNP rechazó el conjunto de leyes aprobadas por vía habilitante por estimar que desconoce la Constitución y el Estado de Derecho "porque fueron aprobadas a espaldas del país, sin consultarlo, y porque incluyen normas que ya habían sido rechazadas por el colectivo venezolano en el referéndum del 2 de diciembre del 2007. Esta decisión del Gobierno vulnera la voluntad del soberano".

"Venezuela vive hoy una compleja situación de crisis en lo político, jurídico, social y económico que socava las bases de nuestra democracia. El tejido social del país está fracturado: un gobierno con legitimidad en las urnas está usando el mandato popular conferido en las elecciones de diciembre de 2006 para vulnerar derechos ciudadanos que posibiliten el acuerdo en torno a la letra de la Constitución", indica el manifiesto.

Los periodistas concluyeron en dicha convención que en el país una porción del país le quiere imponer a la otra su proyecto político haciendo un uso elástico de la legalidad.

"A punta de decretos y concentrando progresivamente poder, se viene conformando un cerco legal que vulnera lo fundamental de derechos democráticos de los ciudadanos", señala el texto.

Sin garantías

Echeverría sostuvo que los comunicadores sociales se ven afectados en el desempeño de sus funciones.

"Hoy en día (el periodista) no cuenta con el ambiente idóneo, ni la seguridad física ni jurídica que le permita ejercer cabalmente su profesión", refirió.

A través del documento los periodistas recordaron que por mandato constitucional el Estado tiene la obligación de no excluir a ningún ciudadano.

"Las instituciones públicas no pueden estar al servicio de parcialidades políticas, como ocurre actualmente con el uso, continuo y permanente, de los recursos y medios oficiales con fines proselitistas. Denunciamos que estas acciones constituyen una política de gobierno, clara y definida, dirigida a privilegiar a sus seguidores y a excluir a todo aquel que se manifieste en contra. Esto constituye una acción discriminatoria y una forma de censura oficial que atentan contra la plena libertad de expresión y de información de la sociedad venezolana", sentenciaron.

Yolimer Obelmejías Valdez
eluniversal.com