JOSEPH POLISZUK

EL UNIVERSAL

El Gobierno ha financiado más de un inmueble a funcionarios públicos como Eliézer Otayza. El portal digital del Ministerio para la Vivienda y Hábitat indica que más de un ciudadano ha recibido casas o créditos habitacionales en varias oportunidades, a pesar de que la ley consiente un solo beneficio.

El caso de Otayza es uno de los más emblemáticos porque recibió dos beneficios habitacionales el mismo año. La base de datos del Sistema Integrado de Gestión, que almacena el Ministerio para la Vivienda en su servidor electrónico, señala, luego de ingresar su número de cédula, que el ex director del Servicio Nacional de Contrataciones fue beneficiario de un crédito hipotecario del Estado el 15 de diciembre de 2006, dos meses después de que adquiriera uno de los town houses que el ministerio levantó en el complejo habitacional Bosque Valle, en Tazón.

Este, sin embargo, no es un caso aislado. El Fondo de Desarrollo Urbano, Fondur, otorgó viviendas en Bosque Valle a Otayza y a otros militares que han formado parte del Gobierno. Sólo en ese urbanismo destacan varios vecinos que más de una vez se han beneficiado de las ayudas habitacionales.

Es el caso de los propietarios de los town houses 2 y 12, de los sectores 8 y 10, respectivamente. También el del ex ministro de Alimentación, Rafael Oropeza, que, según el propio Ministerio para la Vivienda, solicitó un crédito de la cartera hipotecaria en el año 2000, seis años antes de que adquiriera la propiedad que ahora tiene en Tazón.

Aunque Fondur dejó de existir el pasado 31 de julio, su último presidente, Douglas Vásquez Orellana, afirma que "ningún ciudadano debe tener dos beneficios habitacionales al mismo tiempo". El funcionario asegura, sin embargo, que desconoce el caso de Otayza y otros vecinos del urbanismo que Fondur construyó en Tazón.

Vásquez Orellana dice que el Gobierno creó la base de datos del Sistema Integrado de Gestión precisamente para que los bancos y organismos públicos no beneficiaran dos veces a una misma persona, pero aun así reconoce que no han depurado todos los vicios: "Uno habla de Bosque Valle pero puede haber más urbanismos con la misma situación".

La Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat establece que los beneficios para otorgar viviendas deben ser otorgados bajo criterios de justicia y equidad. El artículo 252 de ese instrumento legal establece que ningún ciudadano puede optar por una casa del Estado si ya posee una o, en todo caso, si ha recibido otro subsidio o beneficio habitacional.

Otayza considera, sin embargo, que no ha violado la ley, porque el crédito que el Estado le financió -a través de la banca privada- no fue destinado para uso residencial: "Es un apartamento de Parque Central, donde tengo una biblioteca y una especie de oficina en la que preparo cátedras y conferencias".

Quien se desempeñara como director del Servicio de Inteligencia de la Disip y presidente del Instituto Nacional de Tierras señala que hasta 2006 no disponía de vivienda propia, por lo que deja claro que tiene el mismo derecho de los 13 millones de venezolanos que carecen de una vivienda digna, según las cifras que el Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales publicó en abril.

Al margen de las leyes, abogados que trabajan en la Administración Pública y en el libre ejercicio de la profesión coinciden en que en tiempos de déficit habitacional, un funcionario no debe solicitar más de un beneficio. Añaden que la Contraloría General de la República ha consignado informes a la Asamblea Nacional para concretar una ley que obligue a organismos descentralizados -como el extinto Fondur- a seleccionar sus auditores por concurso.

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