RAQUEL BARREIRO C. // ERNESTO J. TOVAR

EL UNIVERSAL

A través de las leyes aprobadas por vía Habilitante el Gobierno institucionalizó el nuevo modelo productivo del país, el cual ya está definido en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación del año 2007-2013.

Según esta planificación, el "modelo productivo socialista" responderá primordialmente "a las necesidades humanas y estará menos subordinado a la reproducción de capital".

Se agrega en el plan que "el Estado conservará el control total de las actividades productivas que sean de valor estratégico para el desarrollo del país y el desarrollo multilateral y de las necesidades y capacidades productivas del individuo social. Esto conlleva a identificar cuál modo de propiedad de los medios de producción está mayormente al servicio de los ciudadanos y quiénes la tendrán bajo su pertenencia para así construir una producción conscientemente controlada por los productores asociados al servicio de sus fines".

Todos estos conceptos están inspirados en el contenido de la reforma constitucional que fue rechazada en referéndum el pasado 2 de diciembre, específicamente en lo establecido en el capítulo de los derechos socioeconómicos del proyecto de Carta Magna.

Contenido en Gaceta Según lo señalan los nuevos textos legales, el modelo productivo debe fundarse "en referencias orientadas hacia la satisfacción de las aspiraciones comunes y la justicia social, donde el núcleo del proceso productivo sea el beneficio del ser humano".

En la exposición de motivos de la mayoría de las leyes del sector productivo, aprobadas por vía Habilitante, se hace referencia "a cambios estructurales" del modelo.

La Ley para el Desarrollo de las PYMI y Unidades de Propiedad Social establece que "es necesario incorporar definiciones y enfoques sobre las nuevas formas de organización productiva que permitan modificar las relaciones de producción y transformarlas en un modelo socioproductivo, basado en las PYMI y unidades de producción social, como entes comunitarios, cuyo objeto fundamental es la generación de bienes y servicios que satisfagan las necesidades básicas y esenciales de la comunidad, mejorando el entorno socioambiental y privilegiando los valores de solidaridad, cooperación y complementariedad".

Si bien no se señala de forma expresa en ninguno de los textos que se dejará de lado la promoción al sector privado tradicional, sí se evidencia que existen ahora sectores prioritarios a los cuales estarán enfoncadas las políticas públicas en materia productiva.

La Ley de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria señala que para garantizar la soberanía en este sentido es necesario "la vigilancia, supervisión y control de las operaciones en las fases del ciclo productivo, estimulando a aquellos que ejecuten actividades en el territorio nacional y en especial a los que provengan de personas de carácter social o colectivo, quienes serán protegidos y priorizados en la participación y beneficios derivados de concesiones, financiamientos, actividades, medidas e inversiones de carácter público".

Esta ley plantea además que para la promoción de la agricultura sostenible y sustentable debe procurarse la dotación de la estructura, infraestructura e insumos para el sector agroalimentario, "para promover condiciones solidarias de intercambio y distribución, que faciliten a los pequeños y medianos productores, libres o asociados, así como a organizaciones agrícolas colectivas, acceder a los mercados nacionales e internacionales en condiciones de justicia e igualdad".

Riendas cortas Fundamentalmente, el Gobierno actúa convencido de que la mano visible del Estado debe regir la economía y las relaciones entre sus agentes.

En ese contexto, mientras el entramado legal dictado por el Ejecutivo nacional crea e impone diversas figuras productivas sociales y comunitarias, el existente sector privado debe desarrollar su actividad económica en el marco de intervenciones, regulaciones y controles estatales en diversos ámbitos.

En principio, las leyes de Soberanía Alimentaría, y de Defensa para el Acceso a los Bienes y Servicios, establecen la declaratoria de utilidad pública de todas las actividades relacionadas con "la producción, fabricación, importación, acopio, transporte, distribución y comercialización de alimentos, bienes y servicios básicos (incluyendo alimentos)"; así como la facultad del Ejecutivo nacional para adquirir forzosamente "la totalidad de un bien o de varios bienes necesarios para la ejecución de obras o el desarrollo de actividades de producción, intercambio, distribución y almacenamiento de alimentos".

Este cambio en el panorama político-económico coloca en el ojo del huracán al sector productivo, que se expone a sanciones como cierres temporales o definitivos, multas de hasta BsF 460.000, las mencionadas adquisiciones forzosas, inhabilitaciones comerciales hasta por 10 años, decomiso de productos y penas hasta de diez años de prisión, por conductas como especulación, acaparamiento, boicot, incrementos indebidos de precios, contrabando de extracción, inducción al consumismo por publicidad engañosa, incumplimiento de la cartera agrícola o irrespeto a las condiciones contractuales de la Ley de Acceso a Bienes y Servicios.

Además, otros mecanismos ya establecidos vía decretos o resoluciones del Gobierno nacional tales como Cadivi, el Sistema Integrado de Control Agroalimentario (SICA), las Guías de Movilización, la supervisión de la Superintendencia Nacional de Silos, Almacenes y Depósitos Agrícolas, y el Indecu, han complicado la producción por la cantidad de permisos, solvencias, inspecciones y actos de vigilancia que entraban el proceso productivo de los privados.

Varios de esos mecanismos de control están plasmados en la Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Alimentaría y, por ejemplo, se establece que "el Ejecutivo nacional regulará y ejercerá la vigilancia y control de la movilización de alimentos y productos agrícolas en estado natural", condición vigente desde enero de este año a través de las Guías de Movilización que emite el Ejecutivo.

En espera del crecimiento La exposición de motivos de la Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Alimentaría indica que "la fundamental contradicción del modelo económico capitalista neoliberal en materia agroalimentaria ha sido la incapacidad de lograr una justa y equitativa distribución de todos los bienes alimentarios (...) es preciso someter las condiciones de abastecimiento, distribución, intercambio y comercialización a la regulación social".

Sin embargo, la producción nacional todavía es insuficiente, aun cuando el Gobierno ha enarbolado varios programas de reimpulso productivo basados en figuras colectivas como cooperativas, fundos zamoranos o empresas de cogestión, que ahora tendrán mayor preponderancia en la economía nacional.

Raquel Barreiro C. / Ernesto J. Tovar
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