MARIELA LEÓN

EL UNIVERSAL

El constitucionalista Hermann Escarrá aseguró que, con las veintiséis leyes aprobadas por vía de la Habilitante, el presidente de la República se atribuye "una mayor concentración de poder, casi absoluto, en el manejo de la economía y de las finanzas del país, sin rendición de cuentas y sin controles".

En principio dijo que este paquete legislativo es anticonstitucional porque el Ejecutivo nacional reincide en plantear reformas que ya fueron negadas por la mayoría de electores en la consulta popular del 2 de diciembre de 2007, con el propósito de "perpetrar la reforma socialista por mecanismos no previstos en la Carta Fundamental".

El analista recordó que el Gobierno ha introducido "de manera fraudulenta la sustitución del sistema de libre mercado por el sistema de planificación centralista, que privó en la ex Unión Soviética y está vigente en Cuba". Son los casos del Plan Económico y Social (2007-2013) y de la aprobación de estas leyes.

Al referirse a la creación del Fondo Social para la Captación de los Recursos Excedentarios de los Entes de la Administración Pública, indicó el especialista que con ese instrumento el "presidente de la República", Hugo Chávez, "va a amasar más dinero del que ha amasado hasta la fecha, sin rendición de cuentas, sin que reciba seguimiento alguno de los entes contralores del Estado. Todo el poder para el Presidente".

A través de esa ley -ya planteada y rechazada el 2D- "el Banco Central de Venezuela dejará de ser un instituto emisor, una autoridad monetaria, para convertirse en una simple oficina de trámite, pues los recursos excedentarios que obtiene Petróleos de Venezuela pasarán directamente a ese fondo, cuyo uso directo será decidido por el presidente de la República".

En esa normativa se incluye también a los entes oficiales y las empresas mixtas no petroleras que deberán entregar sus excedentes a ese fondo.

Estatización total Escarrá destacó en su análisis que este paquete de leyes, en contexto global, "pone a riesgo a los venezolanos de perder la república" que con tanto esmero y sacrificio se ha formado. Dijo que con la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso de los Bienes y Servicios, el Gobierno puede expropiar bienes o centros de producción sin declararlos de utilidad pública o interés social. "Es de recordar lo ocurrido con los equipos de RCTV cuando las autoridades decidieron cerrar ese canal".

Añadió el constitucionalista que con la Ley Orgánica de Soberanía y Seguridad Agroalimentaria, el mandatario "concentrará más poder y podrá intervenir en la producción, comercialización, intercambio, distribución, almacenamiento, importación, regulación y control de alimentos, productos y servicios agrícolas".

Más allá de las regulaciones y de los controles que asfixian a la actividad productiva del país en los últimos años, esta ley y otras vinculantes, "nos hacen concluir que estamos frente a una estatización tácita del circuito agroindustrial". Exhortó a los actores nacionales a encarar esa estructura judicial.