PEDRO PABLO PEÑALOZA

EL UNIVERSAL

El plan era sencillo. La redacción de todas las normas que se promulgarían a través de la Ley Habilitante tomaría tres meses.

Luego, los textos se someterían a una amplia discusión con el soberano durante 11 meses. Así lo planteó al país el entonces vicepresidente de la República, Jorge Rodríguez, el pasado 20 de enero de 2007.

La estrategia original, desvelada por Rodríguez, se dividía en dos partes: antes y después del proyecto de reforma a la Constitución, razón por la cual el Parlamento concedió al presidente, Hugo Chávez, la facultad de legislar por 18 meses.

Sin embargo, la derrota sufrida por el oficialismo el 2 de diciembre de 2007 pareció fundir el primer motor de la revolución socialista. Al menos eso se pensó hasta la medianoche del jueves, cuando el jefe de Estado venezolano firmó el ejecútese de 26 decretos ley, que se sumaron a los 37 que ya había rubricado desde la entrada en vigencia de la Habilitante.

En conclusión, Chávez redactó 63 leyes desde el 1 de febrero de 2007 hasta el 31 de julio de 2008, mientras que en 1999 sacó 50 en seis meses y en 2001 emitió 51 en 365 días. La producción final terminó superando la meta que se había trazado el dignatario nacional, que consultado hace 18 meses sobre el número de normas que aspiraba a refrendar, calculó: "Pudieran ser más de 40 ó 50".

A pesar de la cantidad, el diputado Luis Tascón considera que la Ley Habilitante "fracasó" por falta de coherencia y planificación. "El propósito de este instrumento era la construcción del socialismo y no lo hizo", sentencia el legislador.

El hecho de que hasta la fecha sólo se conozcan los títulos de los decretos ley, y no sus contenidos, evidencia para Tascón el grado de "improvisación" que padece el Gobierno. "La Ley Habilitante falló desde su formulación y ya los cinco motores de la revolución fracasaron", comenta el candidato a la Alcaldía de Caracas.

Un paso al frente Hasta el jueves, Chávez había entregado 37 textos. 24 horas más tarde, Venezuela despertaba con 26 normas más. Aquello de los 11 meses para debatir con el soberano, prometido por Rodríguez, quedaba en el tintero.

El politólogo Carlos Raúl Hernández observa que "estas leyes a la carrera, promulgadas sin que nadie haya opinado sobre ellas", son blanco fácil para la crítica de los opositores.

"Chávez está haciendo todo lo contrario a lo que debería, configurando un escenario que intensifica el deterioro político y económico del país", diagnostica el investigador, que fustiga el "lenguaje confiscatorio" empleado por el mandatario en el caso del Banco de Venezuela.

Hernández señala que, ante la metodología escogida por Miraflores para lanzar este nuevo paquete de decretos, es previsible que se presente "una reacción de la sociedad ante la pretensión de imponer en Venezuela un modelo de comunismo fracasado".

El académico opina que esta última decisión de Chávez puede "debilitar" las posibilidades de triunfo del Partido Socialista Unido de Venezuela, de cara a las elecciones regionales del 23 de noviembre.

Para sustentar esa hipótesis, Hernández recuerda lo ocurrido el 2 de diciembre de 2007. "El proyecto de reforma a la Constitución aterrorizó a un sector del país", incluidos votantes históricos del chavismo, que prefirió abstenerse o rechazar la propuesta que sentaba las bases del llamado socialismo del siglo XXI, subraya el profesor.

A su juicio, cada vez que el Presidente muestre la intención de aplicar ese modelo recibirá el castigo popular en las urnas. "La oposición debe enfocarse en demostrar que el proyecto de reforma sigue vivito y coleando", recomienda Hernández.

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