Uno de los grandes retos para el actual Gobierno ha sido concretar un modelo de seguridad que promueva un servicio policial tendente a la protección de todos los ciudadanos. Aún persisten estrategias conservadoras asociadas a la militarización de la seguridad ciudadana, utilizadas para demostrar cierta capacidad de acción sobre el problema de la inseguridad, las cuales han estado vinculadas al agravamiento de la violencia policial.

Alarma Hace dos años, el Ministerio Público dio a conocer una impresionante cifra: 5.591 casos de ajusticiamiento o supuestas muertes en enfrentamiento entre los años 2000-2005, calificados por ese organismo como homicidios cometidos por funcionarios de seguridad. Algunos de esos casos han causado alarma, otros han pasado inadvertidos y otros incluso han gozado de cierta tolerancia por parte de la sociedad. En total, el saldo de ese período fue de 6.010 víctimas y 6.034 funcionarios involucrados. 97% de los casos acumulados durante cinco años se encontraba en la fase preliminar del proceso penal, mientras que un escaso 1% alcanzó la fase intermedia y 2% la fase de juicio. La gran pregunta para este año sería, ¿qué ha pasado con la investigación de esos casos?

Semanalmente se nos ofrecen estadísticas oficiales tendentes a probar la disminución de la violencia delictiva en algunas regiones del país, pero, ¿qué pasa con las estadísticas de la violencia policial?, ¿por qué no se nos informa cuántas personas han sido víctimas de torturas y homicidios cometidos por funcionarios de seguridad?

Invisibles Tradicionalmente, las violaciones a los derechos humanos han sido invisibilizadas: se ocultan las estadísticas de homicidios institucionales; se descalifica y criminaliza a la víctima, presentándola como un "sujeto peligroso" que se "resistió" a la autoridad; se relativiza el problema, identificándolo como un asunto ajeno a la seguridad ciudadana; institucionalmente se toleran estas violaciones sin considerar que el Estado tiene un poder de coacción limitado y no un cheque en blanco para ejercer el control y la represión; se ponen obstáculos a la investigación penal, entre otras dificultades en el largo camino para determinar la responsabilidad de los involucrados.

La tarea democrática es desmantelar esos mecanismos que promueven la impunidad, y el momento es ahora, rechazando la violencia policial en cualquier escenario, por ser un muy mal pretexto, un altísimo costo que algunos erradamente pueden considerar que hay que pagar para alcanzar la tan ansiada seguridad. La tarea es asegurar las condiciones mínimas para garantizar la imparcialidad de las investigaciones contra los funcionarios de seguridad involucrados, velar por la protección de las víctimas y facilitar la denuncia de violaciones a los derechos humanos.

Nuestro compromiso como sociedad comienza por preguntarnos ¿dónde están las víctimas de la violencia policial? Y la responsabilidad política del Gobierno comienza por hacerlas visibles.

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