Caracas.- El Instituto para la Defensa y
Educación del Consumidor y del Usuario (Indecu) impuso
una sanción administrativa de dos mil unidades tributarias,
a Empresas Polar por la evasión de la regulación
en la venta del aceite de maíz, según refleja ABN.
Así lo informó este lunes, el presidente del Indecu,
Eduardo Samán, durante una inspección realizada
por el galpón de Alimentos Polar, ubicado en La Yaguara,
Caracas, acompañado del superintendente Nacional de Silos
Almacenes y Depósitos Agrícolas (Sada), Carlos Osorio.
Samán explicó que durante la inspección en
el galpón se detectó que Empresas Polar sacó
al mercado un aceite de maíz el cual no tiene el precio
de venta al público (PVP) marcado, y alegó que está
sometido bajo regulación.
“Empresas Polar está evadiendo la regulación alegando
que el aceite de maíz contiene aditivos de ajo y cebolla,
el cual no lo excluye de la regulación establecida en
la Gaceta Oficial del 25 de octubre de 2007, ya que la misma
incluye todos los aceites de maíz y Girasol”, acotó
Samán.
Asimismo, señaló que este aceite se está vendiendo
entre 11 y 12 bolívares fuertes, el litro, cuando su
precio regulado es de 3,93 bolívares fuertes. Agregó
que al no tener el precio de venta al público se aprovechan
y es vendido a un precio superior.
Samán manifestó que se le levantó un expediente
que será enviado a la Fiscalía General de la República
para que a través de un Tribunal de Justicia se determine
si hay delito de especulación.
“Un juez puede imponer una sanción penal, porque la
especulación es un delito que va de dos a seis años
de prisión”, recalcó.
Por su parte, el superintendente del Sada, Carlos Osorio,
indicó: “realizamos un balance de la cantidad de aceite
de maíz que se está distribuyendo en el territorio
nacional y nos encontramos con esa anormalidad de que la mayoría
están fuera de su regulación, debido a que los que
están siendo distribuidos contienen aditivos como ajo
y cebolla”.
Sostuvo que dichos organismos están trabajando a fin
de verificar y tomar las medidas necesarias, con el firme
propósito de hacer llegar a la población los alimentos
de forma regulada, y que su acceso sea oportuno e inmediato.
“No estamos en contra de que se le lleve a la población
un producto de buena calidad, y con las mejores características,
pero que cumpla con lo establecido en la Ley, y dentro de
unos precios justos”, reiteró Osorio.