Caracas.- El presidente de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedenaga), Genaro Méndez, exhortó al Gobierno Nacional a suspender, al menos por dos meses, la importación de lácteos, como medida para lograr la regulación del suministro de leche en el mercado nacional.

Méndez afirmó que la problemática que actualmente afecta a los productores a nivel nacional es provocada por la saturación del mercado de leche en el país, lo cual se debe una "mala planificación" en las importaciones de este producto.

En aras de regularizar y organizar las importaciones, el representante de Fedenaga pidió suspender inmediatamente las importaciones de lácteos "hasta que se estabilice" el mercado.

Señaló que los productores, la agroindustria y los comerciantes, son víctimas de los productos importados que llegan en muchos casos con subsidios desde su país de origen, o con dólar preferencial.

"Hay que buscar que no entre producto a Venezuela hasta que no se garantice la recepción nacional de leche", dijo.

Por su parte, Eduardo Gómez Sigala, presidente de Conindustria, rechazó que cada vez que se presentan problemas en la industria nacional, el Gobierno amenace con la intervención y control de las empresas.

Exhortó al Gobierno a entenderse con la industria.

Consideró que la solución es incentivar la inversión en el país para no continuar dependiendo de las importaciones.

Ley contra el secuestro y la extorsión

El presidente de Fedenaga, Genaro Méndez, se refirió además a la Ley contra el secuestro y la extorsión, cuyo proyecto se discute en la Asamblea Nacional (AN). Manifestó que ya recibieron la copia del proyecto y el próximo lunes 28 de julio tienen que hacer llegar las correcciones ante el Parlamento.

Agregó que aceptarán la invitación que  la AN les hizo para una sesión de parlamentarismo de calle con el objeto de discutir la normativa.

No obstante, destacó que rechazan que se mantengan artículos como los "dirigidos" al control de los bienes de los familiares de los secuestrados. Explicó Méndez que en el instrumento legal se establece una obligatoriedad a los familiares de las víctimas de este delito de hacer una declaración jurada de bienes.

Consideró que este punto es violatorio de la Constitución de la República, y que no va a contribuir a solucionar el problema.

Leda Piñero
eluniversal.com