Madrid.- Una parte de la madera que llegó
a la Unión Europea en 2006 procedía de fuentes ilegales
o sospechosas, principalmente de la destrucción de bosques
en Rusia, Indonesia y China, según un informe de la organización
ecologista WWF/Adena.
Según esta organización, de las importaciones que
se realizaron a la UE en 2006, el 23 por ciento de la madera
procedente de Europa del Este, el 40 por ciento del Sudeste
asiático, el 30 por ciento de América Latina y el
36-56 por ciento de África era de origen ilegal, informó
Efe.
En total, llegaron a la UE entre 26,5 y 31 millones de metros
cúbicos de madera ilegal durante el citado año,
por lo que la organización ecologista ha pedido "una
legislación europea fuerte para impedir la entrada de
este tipo de mercancías".
Aunque la UE adoptó el plan "FLEGT" en 2003 para combatir
las talas ilegales y el comercio asociado a ellas negociando
directamente con los países de origen de la mercancía,
el informe de la organización ecologista denuncia la
ineficacia de este reglamento, porque "no existe ninguna previsión
de negociar acuerdos de esta naturaleza con países como
Rusia y China".
El informe de la organización ecologista trata las diez
rutas principales del comercio ilegal de madera, y detalla
que son los materiales procedentes de Rusia, Indonesia y China,
por este orden, los que llegan en mayor proporción.
Rusia es el mayor comercializador de madera ilegal, con 10,4
millones de metros cúbicos de este material transferidos
a la UE en 2006, casi la mitad de los cuales llega a través
de Finlandia, donde se transforma en pulpa y papel y se exporta
a otros países europeos.
China, por su parte, ha triplicado sus exportaciones de madera
y papel a la UE entre 2003 y 2006, y la organización
ecologista sospecha que "el 32 por ciento de estas exportaciones
proceden de fuentes ilegales".
WWF/Adena ha solicitado la promulgación de una legislación
específica de la UE para garantizar que "sólo pueda
comercializarse en el mercado europeo madera legal", y que
cualquier violación se penalice.
Esta organización observa que la tala ilegal tiene múltiples
consecuencias negativas, como la destrucción de la función
protectora de los bosques, que aumenta el riesgo de desastres
naturales, o el descenso artificial de los precios de la madera,
que se traduce en "enormes pérdidas para los Estados,
las industrias y las comunidades locales".