PEDRO PABLO PEÑALOZA

EL UNIVERSAL

Antes de erigirse en fiero defensor de las inhabilitaciones decretadas por el contralor Clodosbaldo Russián, el parlamentario Carlos Escarrá actuó contra la norma que hoy empuña Russián para sacar del juego a varios candidatos opositores.

"Entre los años 2003 y 2004, la Contraloría General inició unas averiguaciones contra los diputados a los consejos legislativos, porque había una contradicción entre una norma dictada por el Congresillo y la Ley de Emolumentos. Los diputados se acogieron a la norma más favorable y establecieron sus remuneraciones. Con base en eso, el organismo decidió suspenderlos y destituirlos", cuenta Escarrá.

El abogado, en representación de los diputados regionales de Aragua, Anzoátegui, Monagas y Portuguesa, planteó sendos recursos de nulidad e interpretación contra el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General y del Sistema Nacional del Control Fiscal.

-¿Por qué lo hizo?

-Si la interpretación del 105 era que la Contraloría podía destituir o suspender a un funcionario de elección popular, entonces era inconstitucional. Siempre he dicho y sostendré que un funcionario de elección popular, sólo puede salir por un referendo o una nueva elección. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia aclaró que el 105 no es inconstitucional, pero estuvo mal interpretado por la Contraloría General.

-¿Y no es una contradicción que ahora aplauda la aplicación del 105? Los inhabilitados también sostienen que Russián interpreta de forma incorrecta la norma.

-En absoluto. Hay penas principales y accesorias. ¿Cuál es la pena principal del 105? El auto de responsabilidad administrativa y la multa. ¿Cuáles son las penas accesorias? Suspensión y destitución para un funcionario público cualquiera, e inhabilitación para los de elección popular. Todos los criterios que sostuvimos en relación con cómo debía interpretarse el 105 fueron acogidos por el TSJ.

-En el debate que se realizó en la Asamblea Nacional, atendiendo a una propuesta suya, usted aseguró que el pueblo repudia a los inhabilitados por el contralor. ¿Por qué no dejar que sea ese pueblo el que manifieste su rechazo en las urnas?

-...Y volvemos a la época de las cavernas. Tú cometiste un delito y yo le digo al pueblo que te linche. No, sencillamente para eso existe el Estado de Derecho. Los linchamientos son delito, la ley del talión no se aplica aquí. Suena bonito como concepto, pero ese es el fascismo: Dejemos que el pueblo decida, entonces tumbemos los tribunales y que cada vez que alguien cometa un delito que sea el pueblo quien decida, y vamos a juicios populares. El Estado de Derecho tiene reglas y condiciones. ¿Quién dijo que los derechos políticos son absolutos?

El mismo artículo 23 del Pacto de San José, cuando establece los derechos políticos, dice que la ley reglamentará las condiciones y modalidades para el ejercicio de ese tipo de derechos.

-En aquella discusión que se dio en Cámara, su colega Luis Tascón advirtió que si Russián hubiera sido un adalid contra la corrupción, no habría sombra de dudas sobre su actuación en estos casos. Al no ser así, aumenta la sospecha de que el contralor usa las inhabilitaciones para afectar las posibilidades de triunfo de la oposición.

-Si seguiste el debate en la AN, viste que el discurso de Tascón fue idéntico al de Ismael (García, de Podemos). Tascón ya brincó la talanquera y tiene un pacto con Podemos. De tal manera que estamos hablando del mismo discurso de la oposición, que no tiene ni contenido ni trascendencia. Ismael, por lo menos, es más inteligente, aunque parten del mismo error: Ninguna de estas sanciones son de este año o de 2007. Todas tienen entre 3 y 4 años. Entonces, no es que el contralor ahorita está con una retaliación política.

La oposición es la que está trayendo esto al escenario actual, porque como no se defendieron, o lo hicieron mal, o eran tan culpables que no tenían cómo defenderse en ese momento, todas esas sanciones quedaron firmes. Ahora quieren victimizarse. La sanción contra el alcalde Leopoldo López salió publicada en Gaceta Oficial hace dos años y medio. ¿Por qué no armaron ese escándalo hace tres años?

-¿Se han paseado por el impacto que esta medida puede tener sobre el elector? Las encuestas señalan que la mayoría de los venezolanos rechaza las inhabilitaciones, porque considera que simbolizan una venganza política.

-El Partido Socialista Unido de Venezuela tiene inscritos 5 millones 700 mil personas. El chavismo debe estar por el orden de los 7 u 8 millones de personas. No sé dónde hicieron esas encuestas. En los batallones donde voy, como vicepresidente del PSUV para Aragua, Yaracuy y Carabobo, todo el mundo está de acuerdo con la inhabilitación de Leopoldo, Enrique (Mendoza) y todas las personas que asaltaron el patrimonio público.

Lo que pasa es que la oposición siempre ha hecho las encuestas en La Lagunita, en Valle Arriba, y por eso es que pierden las elecciones. Cerro arriba, tierra adentro, la gente está clara en que quien haya obrado contra el patrimonio público no tiene ética para estar en un cargo de elección popular.

-Pero la gente puede percibir que se trata de una retaliación, pues los principales afectados son aspirantes de la oposición con una verdadera opción de triunfo.

-El tema se estaba distorsionando ante la opinión pública. Plantean el problema de la inhabilitación como si fuera una decisión de ahorita, y quieren desconocer las causas de las inhabilitaciones. Yo dije en el debate que todas esas personas que se están lanzando como candidatos y se hacen las víctimas son unos ladrones.

¿Por qué está inhabilitado Leopoldo? Él tiene dos inhabilitaciones y diez procedimientos abiertos. La primera es porque su mamá era trabajadora de Pdvsa y le daba a la Fundación Primero Justicia una cantidad de dinero mensual. ¿Por qué no está preso? Eso es un problema de la Fiscalía. La segunda inhabilitación es por "chorearse" unos fondos públicos. Las personas que están haciendo alharaca sobre las inhabilitaciones pretenden desviar el tema.

-¿Los opositores que protestan por el derecho a postularse son delincuentes, pero el resto no? García y Tascón le recordaron que entre los inhabilitados están chavistas como Mary Pili Hernández y Xiomara Lucena.

-Mary Pili Hernández es una gran mujer. Cuando Aristóbulo (Istúriz) era alcalde de Caracas, Mary Pili y Xiomara aprobaron algo que ni siquiera se ejecutó: contratar un servicio de Hospitalización, Cirugía y Maternidad para los concejales, porque había dos que tenían familiares con enfermedades terminales y el Municipio no tenía cómo ayudarles. Yo hubiera hecho lo mismo. La situación es distinta.

-¿Y no le parece injusto que debido a una inhabilitación del contralor se niegue a la gente el derecho de postular y elegir a personas como Hernández o Lucena?

-Dura es la ley, pero es la ley.

-La oposición puede aprovechar el tema de las sanciones para calentar la calle, mostrarse como víctima de un abuso y movilizar a los votantes. ¿Les preocupa?

-Si ellos pueden hacer traslado de votos sí, pero Leopoldo no será candidato, Enrique Mendoza no será candidato, y no lo pueden ser dentro del Estado de Derecho. Si viene alguien de la oposición y capitaliza la matriz de opinión que ellos quieren crear, debatiremos allí.

-¿Qué responde a quienes comparan estos casos con el del dirigente de la Liga Socialista David Nieves, que desde la cárcel salió electo diputado y recobró la libertad?

-Él estaba siendo juzgado por un tribunal, el juicio no había concluido. Tampoco existían sanciones administrativas. Por lo tanto, estaba en pleno ejercicio de su derecho a postularse.