Soy un gran admirador de Álvaro Uribe. Lo conocí antes de ser presidente de Colombia. Desde ese mismo instante valoré su recia personalidad, su carácter, su inteligencia y su pasión por Colombia. No me ha decepcionado. Ha sido un gran presidente. Un verdadero estadista. Está convencido, con razón, de que la única manera de garantizar el destino de su patria es mediante la derrota de los grupos subversivos. Su política de Seguridad Democrática ha sido definitivamente exitosa. Está basada en el convencimiento de que las negociaciones políticas requieren de la derrota militar. Ha tenido la integridad suficiente para resistir las inmensas presiones que han querido desviarlo de su objetivo. Los recientes éxitos militares, entre ellos la liberación de Ingrid Betancourt y de los 14 secuestrados, parecen ratificar que la derrota de los grupos subversivos es ya una realidad irreversible.

 De todas maneras, Álvaro Uribe debe entender que su gobierno tiene ante sí otro inmenso reto: reestructurar el sistema político colombiano. Esto significa revisar las viejas estructuras sociales, haciéndolas más justas y equitativas. Estoy convencido, que las grandes transformaciones históricas no se logran mediante procesos revolucionarios, que siempre terminan en dictaduras violatorias de las libertades y de los derechos humanos. Tampoco creo en los caudillos carismáticos. No hay manera de evitar el culto a la personalidad. El único camino seguro es el fortalecimiento en el tiempo del Estado de Derecho. Colombia ha sido un excelente ejemplo de juridicidad para la América Latina. De allí mi sorpresa por el enfrentamiento entre el presidente Uribe y la Corte Suprema de Justicia. Pienso, que debe existir algún margen de negociación, más ahora que el presidente Uribe se encuentra tan fortalecido en la opinión pública. 

 El enfrentamiento entre la Corte Suprema de Justicia  y el presidente Uribe comenzó con los enjuiciamientos de un conjunto de parlamentarios muy cercanos al presidente Uribe por vínculos con el paramilitarismo. Estas decisiones indicaron que tanto el Fiscal General de la República como la mayoría de los miembros de la Corte Suprema de Justicia se encontraban políticamente alejados del presidente Uribe. La gota que derramó el vaso fue la decisión en contra de la congresista Yidis Medina por cohecho, ya que el fallo judicial cuestionó la legitimidad de la reforma constitucional que permitió la reelección presidencial. Para colmo la congresista acusó al gobierno de Uribe de ofrecer prebendas burocráticas a cambio de apoyar la reelección y el Fiscal General decidió procesar a cinco estrechos colaboradores del presidente Uribe, entre ellos al ex ministro del Interior Sabas Pretelt y al ministro de Protección Social,  Diego Palacios. Una verdadera crisis institucional.

 La respuesta del Álvaro Uribe fue convocar para el mes de julio a un referendo popular que autorice la repetición de las elecciones presidenciales de 2006. El problema radica en que el cuestionamiento de  la Corte Suprema no es al resultado electoral de 2006 sino a la legalidad de la reforma constitucional que permitió la reelección. La oposición política no acepta ir a unas nuevas elecciones, ya que acusa a Uribe de buscar por este medio una nueva reelección. El presidente Uribe tiene dos caminos: mantener un fuerte enfrentamiento con las demás instituciones del Estado aprovechando su popularidad o buscar una negociación que salve el Estado de Derecho en Colombia. El primer camino limitaría de tal manera la acción de su gobierno que impediría las grandes reformas sociales y políticas que exige Colombia. El otro camino obligaría al presidente Uribe a rechazar de una vez por todas las posibilidades de una tercera reelección.

Permítame presidente Uribe, con respeto y admiración, recomendarle que busque por todos los medios salvar el Estado de Derecho. Esa es la tradición política de su país.  Además, le garantizaría a usted pasar a la historia de Colombia como un verdadero demócrata. No oiga, por favor, a los adulantes de siempre.

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