EUGENIO MARTÍNEZ
EL UNIVERSAL
Todos los ministros y altos funcionarios del Gobierno nacional que aspiren a cargos de elección popular deben separarse de sus ocupaciones con tres meses de antelación a las elecciones regionales del 23 de noviembre.
Según el proyecto de normas de postulación que discutirán los rectores, la orden de separación no aplica para los funcionarios que se presenten a la reelección; no obstante, no se precisa cómo se logrará diferenciar las actividades propias de cada cargo con los actos de campaña electoral que comienzan el 23 de septiembre.
El proyecto de normas tampoco aclara cómo se evaluarán los casos de funcionarios de elección popular que aspiren a ocupar otro rol, como sucede con Manuel Rosales, actual gobernador del estado Zulia y aspirante a la Alcaldía de Maracaibo. A la fecha se desconoce si el mandatario deberá separarse del cargo o podrá desempeñar los dos roles (gobernador y candidato a alcalde) sin objeciones del Poder Electoral.
En el caso de los impedimentos para inscribirse como candidato, el artículo 9 del proyecto de normas de postulación ratifica la lista Russián. El referido artículo establece: "No podrán optar a los cargos de elección popular: 1.- Quienes incurran en los supuestos previstos en el artículo 65 de la Constitución (...) atendiendo a las condiciones de la Ley contra la Corrupción; 2.- Quienes estén sometidos a interdicción civil o inhabilitación".
Aunque el TSJ desestimó en el año 2005 el requisito que se impone en la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política para que los candidatos a diputados a los consejos legislativos y alcaldes acrediten un mínimo de años de residencia en la jurisdicción en la que aspiran a ser elegidos, el proyecto de normas de postulación reitera que para poder postularse a alcalde se debe tener "no menos de tres años de residencia en el municipio respectivo".
Esta disposición no aplica para los aspirantes a las alcaldías del Área Metropolitana (Libertador, Sucre, El Hatillo, Chacao y Baruta), en la que se exige, al menos, cinco años de residencia en el Distrito Metropolitano; lo que implica que los candidatos del PSUV para los municipios Sucre (Jesse Chacón) y Libertador (Jorge Rodríguez) no podrán impugnarse -como sugieren voceros de la oposición- con el argumento de que no han vivido en las jurisdicciones que aspiran a gobernar.
En el caso de los ciudadanos que se postulen como diputados a los consejos legislativos, el artículo 3 del proyecto de normas establece que los candidatos deben haber residido "cuatro años consecutivos en la entidad federal correspondiente, en cualquier momento antes de la elección respectiva".
Para los gobernadores sólo se exige (artículo 2) "ser venezolano por nacimiento o por naturalización, caso este último para el cual deberán tener residencia ininterrumpida no menor de quince años en el territorio venezolano".
En el caso de las listas de candidatos que presentarán los partidos políticos, el proyecto de normas de postulación no establece que debe existir paridad entre la cantidad de hombres y mujeres inscritos. En el año 2005 el CNE exhortó a los partidos, "so pena de sanción moral", a inscribir no menos de 50% de mujeres como candidatas a cargos de elección popular.