EUGENIO MARTÍNEZ
EL UNIVERSAL
La lista Russián se hace cada vez más pequeña.
No obstante los nombres que permanecen en ella continúan
siendo -desde la perspectiva política- los más emblemáticos.
Inicialmente el contralor general de la República remitió
a los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) una relación
de 368 funcionarios cuyas sanciones administrativas derivaban
-a juicio de la Contraloría- en la inhabilitación
para el ejercicio de la función pública. Al analizar
esta lista se comprobaba que 112 de los funcionarios objetados
en algún momento se postularon para cargos de elección
popular; de éstos 84% fueron postulados por partidos
de oposición.
Según el rector Germán Yépez, el CNE decidió
exhortar al contralor general a depurar la lista de inhabilitados
en vista que "más de 100" sancionados administrativamente
ya cumplieron con la pena impuesta.
Aunque en el organismo comicial no existe precisión
de la cantidad de personas que ya no están objetadas
para cumplir funciones públicas -es decir, podrían
postularse el próximo 5 de agosto- fuente vinculadas
a la Contraloría General de la República -no autorizadas
a declarar- explicaron que 70% de las personas incluidas en
el listado original (258 sancionados) ya no ostentaban el
estatus de "inhabilitado para ejercer la función pública"
Sin embargo entre los beneficiados con esta medida no se
encuentran los nombres de políticos emblemáticos
para los partidos de oposición. David Uzcátegui,
precandidato de Primero Justicia a la Alcaldía del municipio
Baruta debe esperar hasta el año 2010 para superar la
inhabilitación. Un lapso similar le espera a William
Méndez, actual alcalde de San Cristóbal y precandidato
a la Gobernación del estado Táchira.
Enrique Mendoza debe esperar un poco menos. El precandidato
de Un Nuevo Tiempo y Copei para la Gobernación del Estado
Miranda continuará inhabilitado hasta el año 2009
y Leopoldo López, actual alcalde de Chacao y precandidato
de UNT para la Alcaldía Mayor debe esperar -según
las sanciones impuestas por el contralor- hasta el año
2017 para poder postularse a cargos de elección o ejercer
funciones dentro de la Administración Pública.
PJ recomienda presionar al TSJ
Juan Carlos Caldera, integrante de la dirección
nacional de Primero Justicia (PJ), rechaza que el organismo
comicial "le cerrara las puertas a los inhabilitados". Asegura
que "los factores democráticos de la oposición deberán
ejercer presión sobre el TSJ, que es la instancia que decidirá
el caso de los inhabilitados políticos"
Según Caldera, la oposición "debe hacer presión
para que el tribunal se pronuncie (...) no podemos pasar agachados,
debemos agotar todas las instancias nacionales; pero, en caso
de resultar contrarias debemos iniciar la lucha ante instancias
internacionales de derechos humanos, sin importar el tiempo
que se invierta para eso".
No obstante, Caldera recomienda al resto de partidos que
para contrarrestar "las maniobras del Gobierno" y "garantizar
verdaderas opciones de triunfo" la oposición debe concretar
acuerdos unitarios que representen "opciones de triunfo en
las elecciones regionales de noviembre".
emartinez@eluniversal.com
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