MARÍA DANIELA ESPINOZA

EL UNIVERSAL

En defensa a la libertad de expresión, la Coalición Pro Acceso considera necesario derogar o modificar la Ley del Sistema Nacional de Inteligencia y Contrainteligencia, aprobada el pasado miércoles por el Ejecutivo. Alega que afecta el ejercicio de los derechos de acceso a la información, hábeas data y debido proceso.

En un comunicado, la organización no gubernamental advirtió que "toda persona tiene derecho a acceder a la información sobre sí misma, sin que sea limitativo que la misma se encuentre en posesión del Estado".

En este sentido, aseguró que el artículo 26 de la ley violenta el hábeas data, al restringir el acceso de la información confidencial a aquellos que la emiten y a quienes va dirigido, y de la información secreta a quienes hayan sido autorizados.

Recordó que, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, "en los casos en que las entidades del Estado o del sector privado obtengan datos indebidos e ilegales, el peticionario debe tener acceso a esa información, aunque sea clasificada, para que las personas tengan control sobre los datos que las afectan".

"En consecuencia de ello, (el artículo también) violenta el derecho al debido proceso (...) al verse afectada la posibilidad de defensa", explicó la ONG en el escrito de tres páginas.

Asimismo, apuntó que la ley vulnera el secreto a las fuentes de información periodística, consagrado en la Constitución, al obligar al ciudadano a cooperar con los organismos encubiertos en la obtención de información. "La libertad de expresión incluye el derecho de los periodistas a mantener la confidencialidad de sus fuentes".

Aunque la Coalición Pro Acceso reconoce que el ejercicio de la libertad de expresión y acceso a la información pueden estar sujetas a restricciones por razones específicas, aclaró que "no deben ser de naturaleza tal que contravenga los propósitos del derecho en materia de derechos humanos y derecho humanitario".

Reserva de lo privado Según el ministro del Interior y Justicia, Ramón Rodríguez Chacín, "nadie está obligado a hacer públicas sus actividades privadas y cuando pudiese afectar los derechos de otras personas, existen los organismos con suficiente competencia para actuar y organizar los derechos individuales y colectivos".

Garantizó que los funcionarios de inteligencia no desplazarán a los fiscales del Ministerio Público en sus funciones. No obstante, pueden incorporar evidencias al proceso judicial a través de un acto motivado. "Esta prueba se entrega al juez de la causa, para que sea valorada en el juicio por el fiscal, la parte acusadora y la defensa".