MAYE ALBORNOZ
EL UNIVERSAL

La mañana de ayer no fue de las habituales en el Museo del Transporte. Antes del mediodía, sendas comisiones del Ministerio del Ambiente y del Instituto Nacional de Parques (Inparques) se presentaron en el lugar para exigir la entrega "inmediata" de los terrenos de la urbanización Santa Cecilia en los que funciona el museo desde hace casi 40 años.

Alfredo Schael, representante de la institución, indicó que desde ese entonces han usado esos terrenos bajo la figura de comodato, que renuevan cada año. "Firmamos un contrato por 20 años en 1998; es decir, que aún está en plena vigencia. Es la primera vez en diez años que se presenta aquí un representante del Gobierno y ahora vienen a atropellar sin más un patrimonio que es de los venezolanos", señaló Schael.

Sin embargo, los funcionarios tienen otra versión. Los artífices de la "inspección" mutada en solicitud de desalojo, mostraron un documento firmado por la ministra del Ambiente, Yubirí Ortega de Carrizález, en la que destacaba, además de la solicitud de entrega de los terrenos, el vencimiento del arrendamiendo el 27 de noviembre del año pasado, y no dentro de 10 años como sostiene Schael.

Uno de los representantes del Gobierno Nacional presentes en la reunión, y que prefirió mantener su identidad en resguardo, opinó que no entendía por qué el directivo del museo nunca les enseñó el contrato: "Simplemente dijo que iba a consignar todos los documentos al despacho de la ministra en los próximos días. No nos recibió de la mejor manera. El que no la debe no la teme".

Schael le puso nombre a su sentimiento: frustración. "Hemos trabajado por 38 años. Desalojarnos es caerle a patadas al patrimonio histórico de los venezolanos. Es acabar con un servicio público gratuito que todos los días contribuye con la educación, disfrute y memoria de cientos de personas".

En 20 mil metros cuadrados, el museo cuenta con más de 100 piezas automovilísticas, locomotoras y vagones ferroviarios en una colección considerada como la más importante de América Latina en su estilo.

De acuerdo a lo dicho por Schael, los representantes del Gobierno alegan que la concesión les fue otorgada antes de la aprobación de la Constitución de 1999. Pero los funcionarios insisten en que las razones de la solicitud de desocupación recae en la caducidad del contrato.

Además, el presidente de Inparques, Jesús Alexander Cegarra, destacó que se determinó que unas cinco empresas privadas hacían vida dentro de los espacios, violando así lo establecido en el documento.

Ante las declaraciones, Schael aclaró que gracias a las alianzas de cooperación que la Fundación mantiene con distintos sectores, es que se pueden resguardar y preservar las piezas del Museo. "En nuestros terrenos permanecen un terminal y otras oficinas que hacen posible nuestra existencia aquí. No recibimos ni un bolívar del sector oficial desde que el presidente Rafael Caldera las eliminó", explicó.

Schael aseguró que de darse la ordenanza gubernamental, los trabajadores saldrían del museo arrodillados: "Para rogar que no se pierda y no destruyan lo que construimos con tanto esfuerzo. No sabemos qué pasará, pero por la actitud de los funcionarios, ellos no tienen la intención de preservar nada".

La Fundación consignará sus alegatos ante la titular de Ambiente. Nadie responde aún por el destino del espacio ni por el patrimonio que -no se sabe por cuánto tiempo- alberga.