Como un instrumento que "va contracorriente a la tendencia de los países democráticos", que "legaliza lo ilegal" y que de facto deroga el debido proceso contenido en el artículo 49 de la Constitución, el Código Orgánico Procesal Penal y los tratados internacionales de derechos humanos. Así calificó el profesor de Derecho, Fernando Fernández, la recién promulgada Ley del Sistema Nacional de Inteligencia y Contrainteligencia.

"Este instrumento supone la vuelta a 1492 cuando el rey Fernando el Católico estableció la Inquisición. Con esta ley se permite la denuncia anónima, pero en la democracia, en el Estado de Derecho la denuncia tiene nombre y apellido, pues la persona implicada tiene derecho a saber de qué se le señala y quién lo hace para así defenderse. Aquí no hay derecho a la defensa", afirmó.

El especialista en materia de derechos humanos aseveró que el texto aparecido en la Gaceta Oficial el pasado 28 de mayo es peor aún que las modificaciones contempladas en la derrotada reforma constitucional, donde se proponía cambiar los artículos sobre los estados de excepción para autorizar la suspensión de los derechos al debido proceso y a la información.

"Esto establece un Estado de excepción permanente, sin garantías de ningún tipo. Las garantías fueron derogadas. Aquí cualquiera puede caer en manos de los funcionarios policiales por error, mala fe o hasta buena fe (...). Una denuncia falsa puede convertirnos a cualquiera en sospechoso y una prueba falsa nos puede hacer culpables", advirtió Fernández.

El jurista fustigó el contenido de los artículos 20 y 21 de la ley, referidos a la manera como los servicios secretos pueden recabar pruebas y el valor de éstas.

"Todos los países democráticos tienen leyes de este tipo, pero ellas son para recabar información sobre amenazas y peligros a las instituciones democráticas, pero no para recabar pruebas. Además en los países democráticos las leyes de inteligencia contemplan distintos grados de control, bien sea judicial, fiscal y/o parlamentario. Aquí no hay control de ningún tipo", agregó.

También consideró regresivo el hecho de que la ley, en sus artículos 16 y 24, obligue a todos los ciudadanos e instituciones públicas o privadas a participar en labores de inteligencia, pues "ni siquiera la Inquisición se obligaba a denunciar".

Por último, Fernández mostró sus esperanzas porque tanto la defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez; como la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, soliciten a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia la anulación de este instrumento. "Sobre todo la fiscal debe actuar, pues el texto le arrebata muchas de las funciones en materia de investigación que le da la Constitución", concluyó.JFA