Lo primero que se entiende con la salida a la señal abierta de RCTV es un ataque a la libertad de expresión, la violación de un derecho humano contra quienes allí laboraban, contra el personal, directivos y accionistas de la planta y contra el derecho al acceso libre a la información.

A juicio de Oswaldo Quintana, asesor legal de la planta, se trató de una medida de tipo político, por la postura política independiente que mantenía el canal.

Pero esa retaliación no comenzó desde el anuncio presidencial el 28 de diciembre de 2006 de cerrar el canal. Desde el año 2000 se inició con los ataques físicos ejecutados por bandas armadas, en nómina en alcaldías y oficinas públicas, contra periodistas y sedes de medios. Ataques verbales de altos funcionarios contra directivos y periodistas. Estas medidas se acompañaron con la utilización del Seniat para la fiscalización permanente.

A pesar de esas presiones los medios seguían firmes y por ello se aprobó la Ley Resorte, cuyo objetivo no era precisamente proteger a los niños y adolescentes sino presionar y generar la autocensura.

Con ello el Gobierno se permite un tiempo ilimitado de cadenas al tiempo que el artículo 10 obliga a los medios a transmitir hasta 70 minutos semanales de publicidad gratuita del Gobierno, por cada medio de comunicación.

Algunos medios ceden y se alinean con el Gobierno. RCTV se mantiene fiel a su audiencia y por ello se toma el último recurso que fue el cierre del canal. A este caso de libertad de expresión se le agrega una violación al derecho a la propiedad ya que el canal pierde toda su inversión de transmisión lograda en 50 años, estimada en US$ 100MM.