Buenos Aires.- El gobierno condicionó hoy la audiencia solicitado por productores agrícolas con la presidente Cristina Fernández, a que ese gremio acabe con el más reciente paro que iniciaron el 7 de mayo para rechazar un esquema de gravámenes a las exportaciones que los afectan.

Varios sectores políticos y empresariales también presionaron para que las cuatro organizaciones de productores del campo levanten el paro que afecta la economía nacional.

El jefe del gabinete de ministros Alberto Fernández declaró a la agencia de noticias oficial Télam que "no habrá diálogo alguno con las entidades rurales en este contexto de amenazas permanentes", difundió AP.

Las organizaciones rurales realizaron en marzo un paro de 21 días, en el que bloquearon importantes rutas del país para impedir el paso de productos agrícolas. Después, negociaron un mes con el gobierno pero al lograr un acuerdo sobre los gravámenes a la soja y el girasol, reanudaron su protesta el 7 de mayo.

"Tuvimos que dialogar durante 30 días con una espada de Damocles y una amenaza permanente de volver al paro", añadió Fernández, en referencia a la negociación en la que el gobierno aceptó corregir problemas en su implementación.

Las autoridades ofrecieron también mejoras y compensaciones a los pequeños y medianos productores rurales, que no fueron aceptadas.

La presidenta dirigió el miércoles un mensaje conciliador, en el que los invitó al diálogo y a la negociación. Pero los dirigentes rurales resolvieron el jueves prolongar la medida de fuerza hasta el 23 de mayo.

La Asociación de Bancos, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Unión Industrial Argentina y la Cámara de la Construcción emitieron el viernes un comunicado conjunto exhortando a los "ruralistas" a levantar su protesta e iniciar una negociación con el gobierno.

El diario La Nación, que apoya el paro rural, informó el domingo que el paro "impactó en el consumo, la recaudación fiscal, las exportaciones, la cotización del dólar, las tasas y las reservas".