A pesar de que el contrato colectivo petrolero firmado el año pasado establece que la Tarjeta Electrónica de Alimentación (TEA) debía ajustarse en abril de 2008 de acuerdo con el aumento que hubiera acumulado hasta ese momento la canasta alimentaria, los trabajadores de Petróleos de Venezuela no han cobrado el incremento prometido.

Así lo dio a conocer Marcos Savariego, uno de los dirigentes de la Federación Unitaria de Trabajadores de la Energía de Venezuela (Futev).

Añadió que este no es el único incumplimiento de la convención colectiva que acusan los trabajadores de la petrolera estatal. Se tenía previsto que el llamado bono por meritocracia, que se paga a los trabajadores de acuerdo con su antigüedad, se cancelara antes de que terminara el primer trimestre del año y tampoco se ha cumplido, mes y medio después de que concluyera el primer cuarto del año.

Por último, muchos obreros se quejan del funcionamiento del sistema de salud, pues la cobertura del seguro es insuficiente para atender prácticamente cualquier siniestro en las clínicas afiliadas al sistema de Pdvsa. De esa manera, los trabajadores deben cancelar una fracción cada vez mayor de los montos que facturan las clínicas, una situación ante la cual el Departamento de Recursos Humanos de la empresa no ha tomado acciones correctivas según Savariego.

Un grupo de dirigentes sindicales se acercó la semana pasada a las puertas de la Asamblea Nacional para exponer estos y otros problemas que aquejan a los trabajadores petroleros. Los diputados Oswaldo Vera y Luis Blanco quedaron encargados de seguir el caso y estudiar la posibilidad de convocar un encuentro con los ministerios del Trabajo y de Energía y Petróleo.

Aparte del incumplimiento de la convención colectiva, 25 dirigentes sindicales de la industria tienen medidas cautelares en su contra que les impiden ejercer su labor, pues les prohíben celebrar reuniones dentro o en las cercanías de cualquier instalación petrolera que haya sido catalogada como zona de seguridad.

Los líderes sindicales consideran inconstitucionales estas medidas, dado su carácter de dirigentes de una organización gremial.

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