SAILÚ URRIBARRÍ NÚÑEZ
EL UNIVERSAL
Puerto Ordaz.- Las autoridades del sindicato de Alcasa
anunciaron el pronto inicio de la "Hora 0" en el sector, de
no retomarse las discusiones sobre el pago de pasivos laborales
que mantiene la empresa.
"Hacemos responsable a Rodolfo Sanz (ministro de Industrias
Básicas y Minería) de lo que pueda ocurrir en las
empresas básicas en las próximas horas; si no hay
una reunión con el Ministerio, él será el responsable
de lo que ocurra", dijo Henry Arias, presidente del Sindicato
de Trabajadores de Alcasa, Sintraalcasa.
Criticaron que "los presidentes de las empresas no tienen
decisión, todo tiene que dirigírsele a Rodolfo Sanz,
por lo que le aconsejamos que delegue funciones en los presidentes
de las empresas para que resuelvan los problemas de los pasivos
laborales".
Se realizará una reunión entre los líderes
sindicales del sector aluminio a fin de determinar las acciones
a tomar, "en las próximas horas vamos a hacer acciones,
porque los que batimos récord de producción en 2007
no vamos a permitir que continúe esta situación".
En el caso particular de Alcasa, la empresa adeuda BsF 11
millones en HCM y otros BsF 31 millones en la cancelación
de prestaciones sociales.
Denunciaron que en la planta de Alcasa existe una orden departamental,
emanada de una comisión de enlace dentro de la empresa,
para el despido inmediato de cualquier trabajador ante la
mínima falta.
En huelga de hambre
La noche de este jueves los ex trabajadores, pensionados
y jubilados de la empresa CVG Venalum, dieron inicio a una
huelga de hambre en rechazo al incumplimiento de la orden
de homologación de salarios emanada del TSJ en 2004.
Hugo Medina, presidente de la Asociación de Jubilados
y Pensionados de Venalum, afirmó que en dos reuniones
desarrolladas entre los afectados, el Mibam y CVG, se le dijo
que no existe manera de cancelar las homologaciones. "Dicen
que no, porque ocasionará gastos al Estado y eso no puede
ser, porque nosotros cotizamos tanto al IVSS como al fondo
de jubilaciones y pensiones".
Criticaron la disposición económica para cancelar
BsF 180 millones a los trabajadores activos por concepto de
utilidades y no se cuente con 2,5 millones para cancelar la
deuda a los jubilados y pensionados.