La Paz.- La región oriental de
Santa Cruz puso en marcha hoy su autonomía con la creación
de una Asamblea Legislativa provisional y el prefecto Rubén
Costas se erigió en gobernador, pero el vicepresidente
Alvaro García Linera afirmó casi de inmediato que
lo actuado en ese departamento carece de "efecto legal''.
Las decisiones de la autoridades de Santa Cruz tienen lugar
once días después de la aprobación de un estatuto
y en abierto desafío al presidente Evo Morales.
García Linera declaró a periodistas que las autoridades
de Santa Cruz, "podrán llamarse como quieran. Lo legal
y constitucional es un nombre (prefecto) y unas facultades,
y eso será lo que se cumplirá y respetará'',
reseñó AP.
"Lo demás son añadidos simbólicos sin efecto
legal'', acotó.
Costas cerró la última sesión del Consejo
Departamental que a partir del jueves pasó a llamarse
Asamblea Legislativa Departamental con la misión de convocar
a elecciones en 90 días para elegir por voto a sus miembros.
"A tiempo de cerrar este ciclo demos por inaugurado un período
de transición con responsabilidad y humildad'', dijo
Costas en la primera sesión de la Asamblea Legislativa
provisional que lo nombró gobernador.
Juan Carlos Parada asumió la presidencia de la asamblea
que aprobó la primera ley regional que ratifica la vigencia
del estatuto y cambia la nomenclatura de las instituciones.
Santa Cruz, a 520 kilómetros al este de La Paz, pasó
a convertirse desde el jueves en Departamento Autónomo.
"Es una victoria de la legalidad y una contundente derrota
del centralismo'', dijo Parada.
A la ceremonia no asistieron funcionarios del gobierno central
que han calificado la autonomía de esa región como
ilegal e inconstitucional.
A la primera sesión de la Asamblea Legislativa se incorporaron
delegados de cinco pueblos indígenas de la región.
Uno de ellos, José Urañavi, delegado del pueblo
guarayo dijo que "la autonomía es también un anhelo
nuestro''.
A partir de la elección por voto de los miembros de
ese órgano, "comenzará la aplicación del estatuto
en forma gradual'', dijo Costas en declaraciones a periodistas.
La administración local también pretende cobrar
a las petroleras las regalías que son atribución
del gobierno central.
El estatuto cruceño crea la figura de un gobernador
y una asamblea legislativa con control en la distribución
de tierras y en los ingresos impositivos. Otorga a los órganos
locales la capacidad de ``controlar y fiscalizar'' la producción
de hidrocarburos y reconoce "la condición política
de cruceño'', lo que para el gobierno implica una nueva
ciudadanía.