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Caracas, jueves 08 de mayo, 2008  
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(03:52 PM) Venezuela cuestiona a CIDH y a jueces de Corte en caso Globovisión

San José.- El Estado de Venezuela cuestionó este hoy la imparcialidad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de jueces de la Corte (CDH) durante las audicencias en San José de un juicio sobre presunta agresión y amenazas contra periodistas de la cadena Globovisión.

"Recordamos a esta Corte que la CIDH, que hoy nos demanda, no presenta la  indispensable imparcialidad para la defensa de los derechos humanos", declaró en la audiencia el abogado del Estado venezolano Germán Saltrón, informó AFP.

Saltrón también cuestionó la integridad de "algunos de los integrantes de este tribunal, porque fueron parte de una organización no gubernamental que reiteradamente ha realizado pronunciamientos contra la República Bolivariana de Venezuela".

"Dicha Comisión no puede ser aceptada como imparcial ni como idónea para actuar en casos sustanciales contra el Estado venezolano, pues incluso avaló el golpe de Estado de abril del 2002 y reconoció la dictadura instaurada por ese golpe", afirmó Saltrón.

La declaración provocó la reacción de la presidenta de la Corte, la chilena Cecilia Medina -una de las presuntas aludidas por Saltrón-, quien pidió a los representantes de Venezuela ceñirse al caso concreto de Globovisión.

El representante de la CIDH, el brasileño Sergio Pinheiro, rechazó las acusaciones y dijo que este era "un día tristísimo, ante el ataque y agresión contra el sistema interamericano y la propia Corte".

Los delegados de la CIDH, que copatrocinan la demanda de 44 periodistas y  trabajadores de Globovisión contra el Estado, también acusaron a los abogados  venezolanos de tratar de "politizar el caso para justificar la impunidad que ha reinado en Venezuela".

El caso de Globovisión es relativo a las supuestas amenazas y agresión que  habrían sufrido los trabajadores de la televisora entre los años 2001 y 2005.

Según el abogado de los periodistas, Carlos Ayala, "el Estado apoyó, incitó y avaló los actos de particulares contra los comunicadores, que fueron víctimas  de ataques, daños a sus equipos y amedrentamiento con utilización



 
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