Bogotá.- El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, declaró que está dispuesto a renunciar si se comprueba que intercedió ante la justicia el año pasado por su primo, el entonces senador Mario Uribe Escobar, quien fue arrestado la semana pasada por presuntos nexos con paramilitares de derecha.

"Si prueban que yo llamé a protestar por las decisiones contra Mario Uribe, entonces yo renuncio a la presidencia de la República", manifestó Uribe en unas declaraciones divulgadas por el canal RCN Televisión.

El ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, César Julio Valencia, aseguró que el mandatario lo telefoneó el año pasado para averiguar si su primo estaba siendo investigado dentro del escándalo de la "parapolítica", causado por los vínculos entre políticos y paramilitares, reseñó Efe.

El mandatario niega haber intercedido por su pariente y demandó al jurista Valencia por injuria y el martes acudió a ratificar su denuncia tras ser citado por la Comisión de acusación de la Cámara de Representantes.

"Jamás he llamado yo a un magistrado. Jamás he llamado al presidente de la Corte a reclamarle por una decisión contra un congresista. Menos lo iría a llamar a reclamarle por una decisión contra Mario Uribe que era senador de la República y primo segundo mío", expresó el gobernante.

Mario Uribe Escobar, que fue presidente del Senado, renunció en octubre pasado a su escaño cuando comenzó a ser investigado tras acusaciones hechas por Jairo Castillo, alias "Pitirri", un ex paramilitar refugiado en Canadá, de haberse reunido con jefes de esa agrupación.

El ex senador del departamento de Antioquia fue arrestado el pasado jueves luego de intentar obtener asilo político en la Embajada de Costa Rica.

Con su detención ascendió a 33 el número de parlamentarios presos dentro de la "parapolítica", que se destapó a finales de 2006, cuando se descubrieron pactos electorales o la recepción por parte de políticos de dinero de jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para financiar sus campañas.

Las AUC, que reunían los escuadrones de justicia privada creados para combatir a las guerrillas, celebraron conversaciones de paz con el Gobierno entre el 2003 y el 2006 y desmovilizaron a más de 31.000 combatientes.