El número de solicitudes de libertad condicional y/o medidas alternativas de cumplimiento de la pena que la Defensa Pública ha interpuesto ante los distintos tribunales del país se ha incrementado en 86% en las últimas 24 horas, hasta llegar a las 1.061.

La información la suministró el coordinador general de ese organismo, Daniel Ramírez, quien explicó que a las 570 peticiones consignadas a las horas de conocerse el fallo de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que restituyó los beneficios procesales a los presos por delitos graves hay que sumarle otras 491 provenientes de los estados Nueva Esparta, Miranda y Zulia.

El funcionario reiteró que no todos esos mil reclusos serán excarcelados. "Los jueces deben revisar si se cumplen con los requisitos exigidos por la ley. En el caso de los condenados, éstos deben cumplir los extremos del artículo 500 del Código Orgánico Procesal Penal (haber cumplido 1/3 de la condena, no ser reincidentes, presentar buena conducta y que los exámenes psicológicos arrojen que no volverán a delinquir). A los procesados, por su parte, les es más difícil beneficiarse del fallo, pues, por ejemplo, los acusados de homicidio, secuestro o violación (delitos cuyas penas son iguales o mayores a 10 años de cárcel) deben cumplir uno de los requisitos del artículo 251 del COPP para considerar que hay peligro de fuga y, por tanto, deben ser arrestados", explicó Ramírez. JFA