Tenemos Ley! Al momento de escribir estas líneas el Presidente de la República, en cadena nacional, ponía el ejecútese al Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional. Muchos años de luchas sociales, reflexión, investigación académica y trabajo comunitario de quienes asumimos la bandera y la práctica de la defensa de los derechos humanos nos han llevado a este momento en que se comienza a reflejar en la legislación venezolana una nueva concepción de lo que debe ser el rol de las instituciones policiales, en un sistema que aspira a ser democrático y respetuoso de los derechos humanos, de frente a la acción preventiva y represiva del delito.

En la perspectiva de ver "la parte llena del vaso", podemos decir que esta ley, perfectible como todas, será útil si sirve para dar pasos sustanciales hacia una institucionalidad policial mejor a la que tenemos. Esperamos que las normas complementarias que deberán dictarse para operativizar esta ley puedan apuntar en la misma línea de transformación e incluso mejorar aquellas lagunas que la ley no logró superar. Y ojalá los intereses mezquinos y sectarios que nunca han faltado en la vida política nacional no terminen dañando las aspiraciones colectivas y populares que existen en torno al tema.

En su alocución, el Presidente dijo que "hay que cambiar a fondo esos viejos métodos", haciendo referencia anecdótica a las prácticas de los viejos grupos de motorizados "pantaneros" de la Policía Metropolitana, que sembraron por años de terror y muerte las comunidades populares de Caracas, pero que consiguieron ecos terribles en policías viciadas de todas las regiones. Sin exageración podemos decir que una de las herencias más nefastas del siglo XX fueron estos cuerpos policiales sin el menor sentido de la función pública y el servicio a la gente; organismos que hoy están obligados con esta legislación a entrar por otro carril.

"La ley incorpora el elemento de la participación", afirmó la Fiscala General como aspecto relevante de la misma, y ese es un factor clave que las comunidades organizadas deben conocer, valorar y exigir en su aplicación. La contraloría social debe comenzar a constituirse en una práctica que nos permita, desde las bases, ayudar a que los principios plasmados en la nueva legislación tengan cumplimiento efectivo. Por tanto, urge la difusión de los principios básicos de actuación policial recogidos en la ley para que toda persona tenga claridad sobre lo que se espera sea el modelaje ético y actitudinal de las policías y pueda denunciar cuando eso no sea así. El rol del Ministerio Público acompañando a las comunidades en ese proceso será fundamental.

Coincidimos con los actores políticos acerca de la importancia de que la Ley de Policía Nacional sea conocida por todos, única forma de apuntar a un cambio estructural en los servicios que hoy existen. Esperamos que esa historia tan trillada de "cambiar todo para que no cambie nada" no se repita en este tema tan sensible de la seguridad y labor policial. Ojalá nuestros hijos puedan vivir en un país donde el y la policía vuelvan a ser personas en quien confiar y no a quien temer.

pabloefb@yahoo.com