Bogotá.-  Organismos de derechos humanos en Colombia intentan frenar la extradición a Estados Unidos de un jefe paramilitar -que el  gobierno de Alvaro Uribe anunció hará efectiva en breve- hasta tanto confiese todos sus crímenes y repare a familiares de las víctimas colombianas.

El viernes, Uribe avaló la extradición de Carlos Mario Jiménez, alias 'Macaco', ex comandante militar del Bloque Central Bolívar de las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), requerido por la justicia estadounidense por nexos con el narcotráfico. 

El jefe paramilitar "está colaborando con la justicia, viene cumpliendo su compromiso y está confesando sus crímenes lo que ha permitido a los familiares de las víctimas tener información valiosa. Si es extraditado, todo este proceso se vendrá a pique", aseveró el abogado Alirio Uribe.

Uribe, miembro de la ONG Colectivo de Abogados, presentó a nombre de esa  organización una acción legal que busca frenar la extradición, para garantizar que Jiménez repare los crímenes cometidos, informó AFP.

"La Corte Suprema de Justicia deberá detener la extradición de 'Macaco', hacer que cumpla la condena en Colombia y una vez haya compensado a las víctimas, ahí sí, permitir su extradición", señaló el abogado en una conferencia de prensa.

"Si es extraditado, los bienes de este señor van a terminar en Estados Unidos y no podrán ir a la reparación de las víctimas", añadió.

El abogado no descartó que el jefe paramilitar tenga un acuerdo con Washington. "Antes los delincuentes temían ser extraditados a Estados Unidos, ahora es al contrario: ellos mismos piden ser llevados allí donde al parecer  tienen negociaciones secretas", concluyó.

'Macaco' comandó la más grande estructura paramilitar del país con unos 5.000 combatientes y, según las autoridades, fue responsable de infiltrar a la Policía secreta y manejar una vasta red de narcotráfico y robo de gasolina.

Se desmovilizó en diciembre de 2005 junto a 400 hombres en el marco de una  negociación en la que las AUC pactaron con el gobierno que sus miembros  recibirán penas de menos de ocho años, previa indemnización a sus víctimas.

En total 30.000 combatientes de las AUC se desmovilizaron en ese proceso que concluyó en abril de 2006.