GUSTAVO MÉNDEZ

EL UNIVERSAL

El anuncio del Presidente Hugo Chávez, en la noche del pasado jueves, de postergar la aplicación del Currículo Bolivariano para el año 2009, previo referendo, para que el país debata la propuesta del Gobierno y la de los sectores de la oposición, resultó una "grata sorpresa" para el gremio docente, padres y representantes.

No obstante, la propuesta de convocar una consulta para definir el nuevo programa educativo es rechazada, porque, como dicen las personas consultadas, no se trata de un imponer un modelo, sino de lograr consenso.

El presidente de la Federación de Trabajadores del Magisterio (Fetramagisterio), Nelson González, aplaudió la iniciativa presidencial. "Se reconoció que no había sido debatido. Entonces, bienvenida la discusión con todos los sectores, para desarrollar un currículo acorde al país y para mejorar la enseñanza de los niños y jóvenes".

El apoyo de González llega hasta el tema del referendo. Como docente rechaza que se ponga en términos de blanco o negro. "No se trata de lanzar un reto para ver cuál currículo, el del Gobierno o de la posición, es el mejor. Eso es un grave error. Se trata de lograr la mayor participación posible. Todos lo que tenga algo que aportar bienvenidos. Como gremios proponemos un Parlamento Educativo integrado por el Ministerio del Poder Popular para la Educación, la Asamblea Nacional, los gremios, las universidades y la sociedad civil. Cada sector, desde su experiencia, que aporte y ahí buscamos un gran acuerdo nacional", concluyó.

La presidenta de la Federación de Padres y Representantes (Fenasopadres), Nancy Hernández de Martín, saludó la "rectificación". Pero de inmediato, aclara que el currículo educativo del país no es un "problema de oposición ni de Gobierno".

Para Martínez, debe ser producto del acuerdo entre los venezolanos. "No se trata de imponer, de generar una nueva batalla para ver cuál es el enemigo a vencer. Es el acuerdo educativo del país".

La vocera de los padres, apuntó, que el currículo pasa primero por la redacción de una nueva Ley Orgánica de Educación (LOE). "Ese es el marco jurídico de un nuevo programa. La LOE debe ser abierta y enmarcada dentro de la Constitución, y que sea el producto de un amplio consenso en cuanto al respeto a la libertad y pluralidad".

Como una reacción a la "respuesta social del país", evaluó la presidenta del Colegio de Licenciados en Educación de Venezuela, Carmen Aguirrechi, la suspensión del CB.

Afirmó, que la implantación a la fuerza del programa, además de su ilegalidad ayudó a soliviantar a los docentes y padres porque se sintieron burlados y presionados por el Ejecutivo.

La dirigente gremial, respalda la renovación curricular, pero la misma debe estar en el marco legal y pedagógico. "La propuesta del CB no es sólo una modificación de los contenidos sino de la estructura del sistema educativo, y eso es ilegal".

Rechazó, por igual, la idea de definir el currículo en una consulta . "La educación es una sola. Los que están identificados con este Gobierno les interesa que exista un diseño curricular acorde con la realidad y adaptado a la Constitución, como los que no lo están. Se trata de todo el país, no de un solo sector". En tal sentido invitó a todos los actores a sumarse al debate pedagógico para dar ideas.