Por Oscar Medina

La normalidad en San Antonio del Táchira no es la de los abrazos y la diplomacia. Aquí en la frontera con Colombia la normalidad es cada vez más la escasez. Las tropas desplegadas regresaron a sus puestos sin haber olido la pólvora y fue una suerte, porque esa era una guerra que obviamente -salvo las FARC, quizás- nadie quería.

Los corresponsales de tantas agencias, diarios y cadenas televisivas también se fueron aunque la realidad aquí sigue siendo dura y la tranquilidad depende de un hilo muy fino que pasa por las libertades para ir y venir cruzando el puente, que pasa por el humor o las órdenes que reciban los uniformados de la Guardia Nacional, pero, especialmente, depende de las directrices que imponga el poder desde muy lejos.

San Antonio -y en general la frontera tachirense- no sólo resulta afectada cada vez que los presidentes deciden mostrarse dientes y colmillos desde Caracas a Bogotá. La última crisis fue sólo un momento agudo de una situación constante: si en el resto del país hace rato que desaparecieron unos cuantos productos de consumo básico, la excusa de la lucha para detener el contrabando de extracción tiene a la gente de esta zona en dieta permanente.

Los anaqueles de los abastos en la ciudad se ven repletos. Pero desde lejos. Donde debía haber leche en polvo hay jabón en polvo, donde debería apilarse el aceite hay jabón azul, donde debería estar el azúcar hay más jabones, pero de baño. Y así. Los comerciantes se quejan de que esto no es nuevo. Señalan que, como en toda Venezuela, padecen la escasez pero potenciada aún más desde que el año pasado Hugo Chávez anunció el llamado Plan Soberanía Alimentaria, cuya estrategia central parece ser "que no llegue hasta Táchira, para que no se vaya a Colombia".

"Y si vas a comprar la mercancía a San Cristóbal, tampoco te dejan traerla a San Antonio porque y que se va para Cúcuta", dice la joven Gladis Torres con algo de frustración y hartazgo en la barra del pequeño negocio que maneja con su padre: "Como que no se dan cuenta de que aquí tenemos necesidades. Si tienes un fardo de arroz para venderlo, te lo quitan diciendo que estás acaparando. Esto está muy desabastecido. Lo que hay es puro jabón". Luis, su padre, evoca mejores momentos: "Antes se conseguía de todo".

Ese "antes" puede tener distintas lecturas. Para él se trata de "hace como seis años", pero también puede ser un momento bastante más cercano. El 4 de agosto, hablando de múltiples importaciones, el ministro de Alimentación, Rafael Oropeza, contó que una inspección en San Antonio le permitió determinar que allí tenían más comida de la necesaria: "Los volúmenes de abastecimiento que había en esos almacenes se corresponden más a poblaciones que tienen ciudades colombianas fronterizas como Cúcuta". Entonces queda claro: había que cortar el flujo. No combatir de manera más efectiva el gran contrabando, sino reducirle el menú al Táchira.

Una manguera y a discreción
A partir de ese momento en la vecina Cúcuta asumieron que la "frontera" se había trasladado unos kilómetros más allá en vista de que el transporte con carga de alimentos ya no podía circular libremente por el estado andino. En enero la situación era grave y desde Fedecámaras denunciaban que ya la industria de alimentos no podía abastecer a la región en vista de los continuos decomisos de mercancía.

Al cierre de enero, el presidente de Fedecámaras, José Manuel González, señaló que en un mes el comercio de San Antonio había caído en 85%. Mientras que entre ese mes y la primera semana de febrero, las ventas en los supermercados y grandes cadenas radicadas en Cúcuta aumentaron 40%, de acuerdo con una encuesta de la Federación Nacional de Comerciantes de Colombia. Los venezolanos, explicaron en Fenalco y en la Cámara de Comercio de Cúcuta, ante la escasez están cruzando la frontera para adquirir lo que no encuentran en Táchira. Y los colombianos están comprando más en su propio país lo que antes conseguían -a un cambio ventajoso- más barato al otro lado de la línea, especialmente los productos distribuidos por Mercal.

Para principios de febrero tan mal pintaba la situación que los comerciantes de ambos lados buscaban la manera de que los productores colombianos distribuyeran directamente en Táchira artículos de consumo ajustados a los precios controlados impuestos por el Gobierno. Eso, sin embargo, quedó en suspenso una vez que se dispararon las tensiones en marzo tras la muerte del jefe guerrillero Raúl Reyes en territorio ecuatoriano. Y el gremio comerciante de Cúcuta prefirió el bajo perfil durante los días de la llamada "crisis andina" al extremo de que un comunicado firmado con sus pares venezolanos terminó engavetado: prefirieron no tocar más sensibilidades.

José Rozo, presidente de Fedecámaras Táchira, asoma una propuesta distinta para combatir el contrabando sin afectar tanto la vida de sus paisanos: "Que se regule, vía Banco Central, el valor real del bolívar en la frontera para equilibrarlo con el peso colombiano". La debilidad de la moneda es lo que alimenta esa fuga: los supermercados de Cúcuta tienen de todo, pero con un cambio de 0,42 pesos por bolívar, el negocio de cruzar a Venezuela es atractivo. Y más todavía el del comercio ilegal. "El contrabando es un delito económico y en estos casos lo que hay que aplicar son medidas de tipo económico".

Tendrían que inventarse una buena propuesta también para el caso de la gasolina. Los transportistas locales estiman que necesitan 12 mil litros diarios de gasolina y gasoil. Pero hay que estar aquí para entender cómo es eso de vivir en un lugar en el que hay que dar vueltas para saber cuál estación de servicio está operativa y empezar en eso muy temprano porque hay que hacer largas colas y el poco combustible que llega no alcanza para mucho, contando además que entre San Antonio y Ureña existen más de un centenar de empresas de transporte y 114 industrias que requieren gasoil para sus operaciones.

El asunto es más complicado: parte del combate a la extracción de gasolina lo hace la Guardia Nacional revisando al azar a vehículos que van rumbo a Colombia en busca de tanques modificados. O en busca, a veces, sencillamente de tanques llenos que deben ser vaciados hasta la mitad dentro del Destacamento Número 11. El instrumento de control es casi ridículo: una manguera que marca el nivel de líquido. Y ya.

Aún bajo ese régimen y mientras el Gobierno dice estar calculando el consumo real de la región, por sobre las restricciones se impone el empuje de la actividad binacional. Por los puentes fronterizos se movilizan 40 mil vehículos cada día y unos 500 de carga por jornada. En San Antonio hay 4.500 negocios comerciales, 90 agencias aduaneras y 20 almacenadoras, pero además, según Rozo, "hay grandes empresas: se producen cuatro millones mensuales de pantalones de jean y algunas marcas famosas de calzado. También hay autopartes, cuero y metalmecánica".

¿Cómo se mueve eso sin combustible?