EDUARDO CÁMEL ANDERSON
EL UNIVERSAL

El sector automotor culminó el trámite inicial de la nacionalización masiva de vehículos importados en tránsito que se mantienen depositados en la aduana de Puerto Cabello.

Fuentes de la industria estiman que de unas 35.000 unidades que se encuentran a resguardo, menos de la mitad son las que concordaron con los criterios de las licencias de importación del Ministerio de Industrias Ligeras y Comercio, (cuyos representantes se reunieron ayer con las compañías del sector) y los cupos autorizados para este año a las empresas.

Ahora corresponde un complejo trámite de verificación de documentos, ya que la nacionalización es sólo un proceso inicial que se hace por la vía electrónica, y que luego debe ser respaldado en físico.

Un punto especialmente neurálgico será el de las actas de cierre que debe otorgar Cadivi, de acuerdo a lo comentado por fuentes.

Estas se levantan en el punto final de la operación, e indican que los dólares que aprobó el ente regulador a la empresa, fueron utilizados debidamente.

Es decir, certifican, por ejemplo, que se importó la cantidad adecuada de automóviles.

Ese documento es la herramienta de liberación de fianzas, cartas de crédito, u otro aval del importador.

Y es allí en donde las aprobaciones emitidas el año pasado (cuando fueron embarcadas las unidades que están en proceso de nacionalización) tienen una codificación distinta a la que contiene la norma vigente desde el 1 de enero, lo cual traerá una contradicción que impedirá, por ejemplo, que la Guardia Nacional permita que las unidades salgan de los depósitos cuando les corresponda.

Ayer el Milco inició una etapa de información y verificación con todas las empresas involucradas.

Para los efectos, envió correos electrónicos a todas las compañías, en los cuales les daba un balance acerca de la cantidad de autos nacionalizados, y los faltantes.

A partir de allí, espera la industria, se sabrá el destino de esos carros que en teoría no podrían entrar al país.

Los retrasos han acarreado gastos extras de importación que serán trasladados al precio final de venta al público de los automóviles.

Las empresas pagan hasta cinco dólares diarios por cada vehículo almacenado, lo cual implica que entre enero y marzo cada uno habrá cancelado más de 350 dólares, o aproximadamente o casi 900.000 bolívares (900 de los fuertes) por carro, mientras los días corren, y permanecerán por lo menos medio mes más en el proceso de desaduanamiento.