LAURA DÁVILA TRUELO

EL UNIVERSAL

En el Centro Penitenciario de la Región Centro Occidental en Lara, mejor conocida como Uribana, la tarde del martes no se cantó el Himno Nacional ni se abrieron las cantinas pues los reclusos, tras una reunión, decidieron no levantar la huelga de hambre que mantenían desde el domingo en apoyo a la solicitud de los internos de otros diez penales de que se modifiquen los parágrafos únicos de ocho artículos del Código Orgánico Procesal Penal y dos de la Ley Orgánico contra el Tráfico y Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas.

Los internos alegan que además de la negativa para otorgarles medidas alternativas de cumplimiento de condena a aquellos que estén por los delitos de homicidio, robo, violación o droga, tienen otras exigencias.

Reclaman el maltrato físico constante y reiterado por parte de efectivos de Guardia Nacional y custodia, y la prohibición de visita de los niños al centro de reclusión.

El dos de febrero de 2006 la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió medidas provisionales a favor de los internos de Uribana, acción que fue interpuesta por los abogados Pedro Nikken, Carlos Ayala Corao, Humberto Prado y Wilmer Linero en representación del Observatorio Venezolano de Prisiones, en vista de que este centro de reclusión fue el más violento, no sólo en Venezuela sino en Latinoamérica, en 2005.

Para Linero esto deja en evidencia que "la pena de muerte está legitimada en nuestros centros de reclusión".

Además de Uribana los más de 100 internos de la cárcel de Santa Ana, en Táchira, iniciaron este miércoles una huelga de hambre por el no otorgamiento de las medidas alternativas de cumplimiento de condena y de beneficios procesales; además de los supuestos vejámenes por parte del capitán de la GN y su tropa contra internos y familiares, la forma de administración de justicia de los jueces de ejecución del Circuito Judicial Penal de Táchira y el hecho de que la comisión técnica que los evalúa para otorgar las medidas alternativas cuenta con sólo un psicólogo para una población de más de 1.000 internos.

El viceministro de Seguridad del Ministerio de Interior y Justicia, Tarek El Aissami, dijo que una comisión presidida por él viajará a Uribana este jueves para conversar con los reos. Además estarán presentes el magistrado de la Sala de Casación Penal Eladio Aponte Aponte y el resto de los que integraron la mesa que negoció con los reos de La Planta.