ROBERTO GIUSTI
EL UNIVERSAL

Para Soraya El Achkar, quien fungiera como secretaria técnica de la Conarepol, (Comisión Nacional para la Reforma Policial) la concreción de la Ley de Policía Nacional constituye el mejor ejemplo de democracia participativa y de construcción de un acuerdo nacional: "una comisión plural, amplia, con criterio de transparencia, conformada por representantes de la sociedad civil, el Gobierno y el Estado, hizo un diagnóstico profundo sobre la situación de las policías y al mismo tiempo pulsó la expectativa popular en torno a lo que se pensaba y esperaba de la Policía. Tanto el diagnóstico como la consulta sirvieron de base a un modelo que se presentó al país y la concreción de la ley es el resultado de ese proceso, capaz de conducirnos a un acuerdo nacional. Una experiencia que demuestra la posibilidad de alcanzarlo en otros ámbitos"

-¿No hubo, entonces, imposiciones por parte del Ejecutivo nacional en la elaboración de la ley?

-El proyecto que está sometiéndose nuevamente a consulta recoge todo el modelo presentado previamente por la Comisión Nacional para la Reforma Policial. Las recomendaciones en torno a la unificación de criterios sobre seguridad social, educación, previsión social, normas de actuación, rendición de cuentas, atención a las víctimas, los procedimientos para la intervención, son todos del modelo presentado por la Conarepol. Además, la ley no sólo crea el servicio de Policía, sino que por primera vez en la historia de la República se diseña una política pública en torno a cuerpos de Policía.

-¿No es contraria la ley al criterio de descentralización administrativa contemplada en la Constitución?

-Para nada. La Policía Nacional no va a coordinar las otras policías ni a intervenirlas. Aquí pasamos de la dictadura a la democracia y de la Constitución del 61 a la del 99, pero los cuerpos policiales se mantuvieron intactos. Luego fuimos de un país centralizado a uno descentralizado y cada alcalde y gobernador hizo lo que creyó conveniente con la Policía. Se creó un monstruo. Así, tenemos policías que se forman y otros que no, unos que conocen el espectro continuo del uso de la fuerza y otros que no saben ni disparar. La ley unifica criterios y crea un órgano rector que no centraliza porque las autoridades de Policía son los alcaldes, los gobernadores y el Ejecutivo nacional. Este órgano sí revisa estándares, coordina, asiste técnicamente cuando las policías no alcanzan los niveles óptimos y solicita a los tribunales, con acompañamiento del Ministerio Público, la suspensión de la actividad si hay violaciones de derechos humanos u otro tipo de delitos graves.

-¿Quiere decir eso que las policías estadales, regionales, municipales y locales, conservarán la autonomía?

-Completamente. Eso lo garantiza la Constitución. La ley les dice a las autoridades de Policía (gobernadores, alcaldes, Ejecutivo nacional), que no intervengan tan directamente en los asuntos de profesionalización del policía: el ingreso a la academia, la permanencia, la formación continua. Esos son estándares establecidos en la ley, líneas marco y en adelante habrá que especificarlas.

-¿Cuál es el criterio que orienta a la ley en cuanto al combate al delito?

-Ese asunto no corresponde a esta ley. Hay que diferenciar entre seguridad ciudadana y Policía. Nuestro objetivo es garantizar un servicio de Policía en el ámbito municipal, regional y nacional que sea civil, profesional, universal, imparcial y respetuoso de los derechos humanos. Incluso hay un capítulo dedicado a las normas de actuación por la comunidad internacional (ONU) en materia de derechos humanos que deben cumplir las policías: uso de la fuerza, tratamiento a víctimas, a personas detenidas, porte de armas, identificación.

-La gente se siente indefensa ante la inseguridad y eso ha provocado una exigencia de mano dura contra el hampa. ¿Cómo conciliar un criterio con el otro?

-La violencia genera más violencia. Por eso es necesaria la reforma y eso deben entenderlo tanto los policías como sus autoridades (alcaldes y gobernadores). No puede haber órdenes a los cuerpos de Policía de razias, plomo al hampa, limpieza social. La violencia se erradica trabajando en múltiples dimensiones.

-Dimensiones que están más allá de la ley.

-Por supuesto. Por eso los temas de seguridad no son exclusivos de la Policía. Pero la violencia sólo debe administrarse en casos estrictamente necesarios, siempre apegados a la ley y en respeto de los derechos humanos. El arma solamente se usa para la defensa personal o de terceros.

-Un obstáculo para hacer cumplir la ley en ese sentido está en la militarización de las policías.

-La Policía es completamente civil. En sus mandos, en su estructura, en la formación, en la táctica, en la estrategia, en la adquisición de equipos. Se trata de un nuevo ejercicio de la función policial. Desde el primer gobierno del doctor Rafael Caldera se militarizaron las policías y tenemos 40 años con policías militarizadas. Ese enfoque militar incluye hasta la forma de disparar. Porque una cosa es el tiro de combate (de ataque) y otro el tiro policía (defensivo) y aquí todas las policías hacen tiro de combate. Hablamos de un cambio cultural y por eso la ley no es suficiente, sino sólo el primer paso de un proceso que debe ser continuo, con enfoque civil y profesional.

-Hay signos que no parecen encuadrar con ese enfoque, como el paso de la PM al Ministerio del Interior.

-La ley establece que los distritos metropolitanos no tuvieran Policía porque ya tienen a las policías municipales. Para no duplicar esfuerzos se tomó esa decisión. El pase de la PM al Ministerio del Interior es el traslado de una papa caliente porque ese cuerpo tiene serios problemas. Los diagnósticos señalan altos niveles de complejidad y de violencia. El cambio no resuelve del todo esos problemas y esa Policía, como las otras, necesita una atención inmediata en materia de reforma.

-¿Cómo quedan en la ley cuerpos policiales como el Cicpc y la Disip?

-Esas policías tienen sus propias normas y no son policías de patrullaje. Pero sus grupos especiales pasan a la Policía Nacional. En la ley se establece, por otra parte, que todas las normas de actuación de las policías no sólo incluyen a las dos mencionadas, sino a las instituciones militares que cumplan funciones policiales. Es decir, la Guardia Nacional, si cumple funciones policiales, está sujeta a las normas de actuación establecidas en la ley.

-Dices que la ley es un primer paso. ¿Cuál es el segundo?

-La implementación, que requiere el desarrollo normativo posterior. Hace falta una ley del estatuto de la función policial para regular el ingreso, la carrera, el egreso y los temas disciplinarios. Igualmente el diseño curricular porque la ley dice que en dos años debemos tener Policía Nacional y eso nos obliga a montar la academia y unificar criterios sobre la formación para que el año próximo se inicie la promoción, captación y reclutamiento. Así, en el tercer año tendremos Policía Nacional y no con funcionarios sacados de la manga. Aquí hay policías que salen a la calle, como ocurre en Aragua, formados en tres semanas. Y uno se pregunta: ¿En manos de quién estamos?

-¿Cuál es el ámbito de acción y atribuciones de la Policía Nacional?

-Todas las policías tienen las mismas competencias: garantizar la seguridad, auxiliar a las autoridades, resolver conflictos por la vía no violenta, el tema del tránsito y prevenir el delito. La diferencia está en que a mayor complejidad, interviene la que tenga mayor capacidad. Hay criterios de intervención, complejidad, intensidad y territorialidad. Un conflicto entre estados no pueden resolverlo policías regionales o municipales, sino la Policía Nacional. Si hay un jíbaro (vendedor de drogas) en determinado barrio, eso compete a las policías municipal o regional, pero si es una red de narcotráfico con implicaciones nacionales o internacionales, interviene la Policía Nacional.

rgiusti@eluniversal.com