JOSEPH POLISZUK
EL UNIVERSAL
El gobernador del estado Cojedes anda "indignado". Seguro
de que los empresarios Carlos Kauffmann y Franklin Durán
no son funcionarios encubiertos del Gobierno nacional, Johnny
Yánez Rangel anuncia que acudirá a la Fiscalía
General de la República para solicitar que investigue
la relación que la Fiscalía de EEUU supone entre
los indiciados y las instituciones venezolanas.
Para Yánez, la justicia nacional no puede abrir una
causa contra Guido Antonini Wilson mientras permanezca en
EEUU. Ni siquiera por notitia críminis. Dice,
sin embargo, que la Fiscalía General de la República
está en capacidad de investigar la relación que
acusa a los propietarios de la empresa Venoco con el Poder
Ejecutivo y por eso anuncia que en los próximos días
solicitará acciones en el Ministerio Público.
"Ya envié a la Fiscalía un documento exhortándole
a que dieran un pronunciamiento", afirma. "Ahora voy a presentarme
allá para exigir que se investigue la situación
de dos empresarios venezolanos que están detenidos en
Estados Unidos". Esa averiguación puede ser, según
dice, "la mejor forma de tumbar los argumentos que presenten
en Miami".
Precedente peligroso
El mandatario de Cojedes también espera que los sectores
empresariales se pronuncien. Cree que la investigación
contra sus amigos personales, Kauffmann y Durán, es un
"precedente peligroso", porque de acuerdo con sus palabras,
no son dueños de una bodega de Cojedes, sino los propietarios
de la segunda petroquímica del país, que tiene relaciones
con toda Suramérica.
"¿Qué garantía tiene cualquier otro empresario
de que no le pase lo mismo ante las apetencias de crear una
olla periodística con un delito abstracto?", pregunta.
"Entiendo que ninguno haya alzado su voz a título personal,
pero deberían fijar una posición grupal porque aquí
se está generando una situación de inseguridad jurídica
que he venido llamando el Guantánamo de Miami".
Carlos Kauffman, Franklin Durán y Moisés Maionica
fueron detenidos en diciembre del año pasado en Miami.
La fiscalía estadounidense les negó medidas de libertad
condicional por el presunto delito de haber llevado mensajes
del gobierno del presidente Hugo Chávez a Guido Antonini
Wilson, el hombre que el pasado 4 de agosto cargaba la maleta
con 800.000 después de aterrizar en Argentina.
Yánez Rangel denuncia que están aislados en celdas
de máxima seguridad "como maleantes de los más perseguidos".
Recuerda que ellos no estaban en Argentina cuando llegó
el maletín. Para él, simplemente fueron a hablar
con un amigo sobre su caso. Por eso insiste en que son inocentes.
"Doy fe y estoy dispuesto a testificar donde quieran", dice.
"Yo meto las manos en el fuego en cuanto a que ellos no son
funcionarios".
Teme ser otro acusado
El gobernador no descarta que después de los dueños
de Venoco acusen a otros, incluso a él. Cuando le preguntan
si la justicia estadounidense puede involucrarlo en el caso
Antonini, asiente con la cabeza: "Yo temo de todo, hasta de
mi seguridad porque me indigna cuando veo que se violenta
la seguridad jurídica de estos empresarios".
A su juicio, si las autoridades del Norte tuvieran buena
fe enviaran a Antonini a Argentina, donde guardan la maleta
con los dólares. Aunque los seriales de los billetes
determinarían de dónde salieron, asegura que el
juego está trancado porque no se puede abrir un expediente
sin el principal sospechoso.
Reconoce, de cualquier forma, que tras la maleta de Antonini
huele a corrupción. Sabe que si se logra determinar que
el dinero salió de Venezuela, hay un ilícito cambiario.
Más aun si eran billetes que estaban en las bóvedas
del BCV. "Lo que no podemos es empastelar a todo el mundo
y a un país", concluye.
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