ELVIA GÓMEZ
EL UNIVERSAL
Con unas condiciones óptimas, que implican, entre otros
aspectos, la postulación unitaria de candidatos de oposición
con un buen perfil, el desarrollo de campañas centradas
en atender las necesidades de cada comunidad, a lo que se
sumaría la profundización del deterioro del oficialismo
en la atención de los problemas urgentes, en las venideras
elecciones de noviembre el bloque que adversa al Gobierno
podría obtener la victoria en 165 de las 337 alcaldías
que estarán en juego, según las estimaciones comparativas
de cómo se ha comportado el elector en todo el país.
En Amazonas no corresponde hacer elecciones para gobernador
este año.
El estudio, realizado por el equipo electoral del partido
Un Nuevo Tiempo (UNT), advierte que hay nueve gobernaciones
donde, hasta los últimos comicios de 2007, el chavismo
ha sido imbatible, sin registrar mermas significativas, a
saber en el orden porcentual decreciente: Barinas, Vargas.
Monagas, Guárico, Cojedes, Delta Amacuro, Apure, Trujillo
y Portuguesa.
Las cifras antes citadas representan la potencialidad de
crecimiento opositor, tras las dos últimas mediciones,
las presidenciales de 2006 y el referendo constitucional de
2007. El estudio no pretende, según se explicó,
ser demasiado optimista, sino despejar el panorama sobre los
lugares del país donde hay una muy buena posibilidad
de vencer, cumpliendo un estricto plan de campaña.
En cuanto a la cifra de alcaldías, establecida en 165
de 337, el cálculo se hizo tomando en consideración
para el promedio, las comunidades donde el No obtuvo en los
comicios de 2007 la victoria, así como donde el rechazo
a la propuesta constitucional perdió por una diferencia
mayor a 45% de los votos válidos; es decir, por poco.
Los estados Zulia, Táchira, Mérida, Anzoátegui
y Falcón, son los estados donde mayor posibilidad de
crecimiento opositor se vislumbra.
Está claro que lo que se sometió a consulta en
el referendo de 2007 no se asemeja en los planteamientos de
fondo a lo que el elector sopesa al elegir a su alcalde y
su gobernador, pero la oposición trabajará sobre
las potencialidades de las localidades donde el chavismo sufrió
una merma.
Atentos a los cambios
El directorio del Poder Electoral retomó en su
sesión del jueves el anteproyecto de Ley de Procesos Electorales,
que pretende sustituir la Ley Orgánica del Sufragio y Participación
Política (Lospp). Hasta ayer los representantes de la oposición
no habían recibido por la vía oficial el texto más
reciente del anteproyecto, de modo que se hicieron con una copia
por las vías semioficiales.
La oposición ha alertado que cualquier modificación
de las normas electorales debe aprobarse seis meses antes
de los comicios, que deben realizarse en noviembre, de modo
que el plazo se cumple en abril. Ya antes el Poder Electoral
ha hecho caso omiso a esta premisa y el año pasado se
impusieron normas aprobadas poco más de un mes antes
del referendo.
Preocupa a la oposición que en el texto más reciente
del proyecto de Ley de Procesos Electorales se mantiene la
intención contenida en las disposiciones transitorias
de separar los comicios de alcaldes y posponerlos para el
próximo año, lo que estiman los expertos electorales
no es legalmente posible.
Arguye la oposición que la Constitución de 1999
establece que el período de gobernadores y alcaldes es
de 4 años y no puede ser prorrogado ni por el CNE ni
por la Asamblea Nacional.
Recuerdan que lo que se aplicó durante el referendo
consultivo de 2004 es que para entonces existía una situación
excepcional, originada por el hecho de que el Tribunal Supremo
de Justicia designó a las autoridades del CNE para cubrir
la omisión legislativa de la AN y, a la sazón, el
TSJ le dio al CNE atribuciones especiales. Esa situación
especial -recalca la oposición- ahora no existe, por
cuanto el Poder Electoral ya fue designado de forma normal
por el Parlamento y no tiene atribuciones especiales. De allí
que estiman que pretender separar los comicios de alcaldes
es ilegal.
Otro aspecto que será vital despejar será resolver
la vigencia de las tarjetas "morochas", que desvirtúan
el principio de la representación proporcional. También
vigilan que no haya retroceso en normas de publicidad y propaganda,
garantías en las auditorías y limitaciones en las
postulaciones.