La nueva política automotriz de Venezuela está diseñada para disminuir las importaciones de automóviles, con el objetivo de reducir el número de divisas oficiales que se otorgan al sector, alentar la producción nacional de autos y repuestos, y promover el uso de combustibles alternos a la gasolina, como el gas natural.

Mientras el año pasado se importaron aproximadamente 330.000 unidades, el Gobierno venezolano permitirá, a través de licencias de importación para este año, el ingreso de sólo 219.620 vehículos terminados.

Pero esa cifra no pertenece únicamente a los carros para pasajeros, ya que incluye también pick ups, motocicletas, camiones, tractores, autobuses y remolques.

De los autos que compra un ciudadano común se importarán apenas unos 150.000, es decir, menos de la mitad de lo que se requirió durante el año pasado.

Así, el mercado total del año será de unas 370.000 unidades.

Fuentes de la industria estiman que la demanda real, que registra al menos dos años de insatisfacción crónica, supera con creces el millón de unidades.

El enorme diferencial entre lo que se demanda y lo que se oferta es el elemento catapultador de la especulación, corrupción y presiones por las cuales debe atravesar el comprador.

En este caso, la responsabilidad por las distorsiones corresponden a los concesionarios y no a las ensambladoras, ya que la mayoría de éstas está trabajando prácticamente al máximo de su capacidad instalada.

La política automotriz vigente restringe, asimismo, el acceso al país de vehículos de alta cilindrada, lo cual, según fuentes, mantiene en problemas a algunos importadores que ya tenían en camino, vía marítima, cargamentos de unidades que no estaban restringidas cuando fueron embarcadas, pero que ya están en puerto esperando su desaduanamiento.

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