MAYELA ARMAS H.
EL UNIVERSAL
El Gobierno cambió la providencia para el uso de las
tarjetas de crédito y redujo el cupo para las compras
electrónicas de 3.000 a 400 dólares, pero la medida
afecta a los usuarios.
El presidente de la Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores
(Anauco), Roberto León Parilli, señaló que
la reducción de los cupos vulnera los derechos de los
personas, "debido a que existe un principio de que cuando
se adquieren derechos, éstos se tienen que mejorar, no
se pueden retroceder".
Estima que la decisión del Gobierno de establecer cupos
para el uso de la tarjeta de crédito en el exterior y
compras por Internet "son derechos adquiridos que no se pueden
desmejorar".
"En los últimos dos meses el Ejecutivo nacional ha estado
tomando medidas sobre determinadas premisas y lo más
sensato sería vigilar más el mercado y no perjudicar
a los usuarios".
Ante la decisión del Gobierno, la organización
tiene previsto presentar ante la Sala Constitucional del Tribunal
Supremo de Justicia (TSJ) una reforma del libelo de demanda,
presentado hace varias semanas, para que el Máximo Tribunal
también tome una decisión en relación con la
disminución del cupo para las compras a través de
Internet.
Ya se había presentado una acción contra la medida
de la Superintendencia de Bancos de suspender el uso de las
tarjetas de crédito prepagadas.
Para el presidente de la organización, las autoridades
tenían que haber establecido otras medidas y no el ajuste
del cupo. "Cuando se determina un fraude se exigen las pruebas".
Medidas
Las últimas acciones que ha tomado el Gobierno en el
manejo del sistema de administración de divisas tienen
como fin frenar los negocios que se han propiciado con el
control de cambio, siendo uno de ellos el uso del cupo por
Internet para obtener dólares en efectivo al tipo de
cambio oficial de 2.150 bolívares y revenderlos en el
mercado paralelo a un precio muy superior.
El ministro de Finanzas, Rodrigo Cabezas, señaló
en días pasados que esa rebaja en parte respondía
"al comportamiento inexplicado de ese cupo".
Según cifras de la Comisión de Administración
de Divisas (Cadivi), para el uso del dinero plástico
se han autorizado más de 4,7 millardos de dólares,
lo cual supera las aprobaciones para las importaciones del
sector alimentos y automotor.
La disminución del cupo para Internet es la cuarta medida
que se toma para regular la utilización de las tarjetas
de créditos. La primera acción de Cadivi fue la
publicación de listas en las cuales se citaron a los
tarjetahabientes para que demostraran el uso dado al dinero
plástico. En el primer listado fueron notificadas más
de 7.000 personas, y al final fueron suspendidas 5.000.
Hace varias semanas el organismo administrador publicó
otro listado citando a más de 30.000 usuarios. Luego
envió instructivos a las instituciones financieras en
los cuales se les indicaba que las personas citadas deben
presentar una serie de recaudos que demuestren el uso de la
tarjeta. En esta oportunidad los requisitos son más.
Ahora las personas tienen que consignar ante los operadores
copias de los documentos de identificación, así
como de las facturas con los consumos realizados detallados.
Y aunado a la entrega de los documentos para justificar el
uso de la tarjeta tanto en los viajes como por la vía
electrónica, el organismo estableció que también
se tendrá que respaldar el empleo del efectivo que se
retira de los cajeros automáticos en el exterior.
A las citaciones por parte de Cadivi se añade la decisión
del ente supervisor de suspender las tarjetas bajo la modalidad
de prepagado. La vigencia de ese tipo de dinero plástico
estaba prevista hasta el 31 de diciembre, pero la Superintendencia
de Bancos la postergó para el próximo de 11 de enero,
con el fin de que las instituciones financieras cuenten con
un lapso para realizar el cambio hacia las tarjetas convencionales.
León Parilli indicó que al prohibirse las tarjetas
bajo el esquema de prepago se vulnera el derecho de igualdad
que está establecido en el artículo 21 de la Constitución.
En esa disposición se indica que "todas las personas
son iguales ante la ley".
marmas@eluniversal.com
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