Adolfo Taylhardat // El precio del silencio
Dos millones de dólares es la suma que le ofrecieron
a Guido Antonini Wilson para que se callara.
El más escandaloso intento de soborno, acompañado
de extorsión que se conoce en la historia de Venezuela,
asciende a la suma de dos mil quinientos millones de bolívares
calculados al precio oficial del dólar o a doce mil millones
si se calculan al precio que tienen las lechugas en el mercado
libre
Ha sido el fiscal de la causa que se le sigue a los cuatro
venezolanos y un uruguayo en Miami, el señor Thomas Mulvihill,
quien ha revelado esa inmoral, impúdica tentativa de
ocultar un doble delito transnacional consistente en la violación
de la ley venezolana de ilícitos cambiarios mediante
la extracción clandestina de más de ochocientos
mil dólares y la introducción de esa suma en Argentina,
violando la legislación aduanal de ese país.
Pero como siempre ocurre, no hay crimen perfecto. Los detalles
que rodean ese escándalo internacional han ido emanando
gradualmente y cada día trascienden nuevos pormenores.
Según el fiscal Mulvihill, el intento de soborno "no
fue una iniciativa que tomaron sus amigos Carlos Kauffman
y Franklin Durán por su cuenta o sin consultar a alguien.
Fue producto de un 'acuerdo' entre los gobiernos más
afectados por las sospechas del escándalo: el de Hugo
Chávez y el de Néstor Kirchner" (La Nación,
Buenos Aires, 18-12-07). Según el fiscal, esas personas
actuaron como agentes del gobierno venezolano.
"Hay numerosas grabaciones que dejan bien en claro que había
un acuerdo entre los gobiernos de Argentina y de Venezuela
para que la verdadera fuente de los fondos fuera suprimida".
Para abortar el desastre internacional que originaría
la revelación de la información sobre la proveniencia
y el destino del dinero "es que los agentes de la DISIP se
reunieron con Antonini" en Miami y le presentaron el plan
y la documentación que serviría para el ocultamiento
la operación de los 800.000 dólares. "El dinero
no era de Antonini. Era de Venezuela" y en la estratagema
participó "un director de la DISIP". (Todo lo que aparece
entre comillas está tomado textualmente de la nota de
La Nación antes mencionada).
Sin pretender salir a la defensa de Antonini, vale la pena
recordar que en su primera declaración, a raíz de
la incautación del dinero por las autoridades de la aduana
de Buenos Aires, Antonini se limitó a decir: "Soy un
soldado", con lo cual daba a entender que su papel era el
de un simple correo. Es decir, el era un simple transportador,
actividad que parece haberse convertido en un trabajo muy
remunerador. Seguramente mis lectores vieron las películas
El transportador y El transportador 2, en las cuales el personaje
principal recibe el encargo de trasladar un cargamento valioso
a cambio de una apreciable remuneración. Aquella declaración
de Antonini explica suficientemente el hecho de que, al darse
cuenta del embrollo internacional en el cual había quedado
involucrado, decidiera cooperar con la policía norteamericana
en un esfuerzo para proteger su prestigio personal.
De manera que cuando las autoridades de Venezuela y Argentina
acusan a Antonini de formar parte de una conspiración
contra sus gobiernos olvidan que esa cooperación comenzó
solamente después de su regreso a Estados Unidos.
Como era de esperarse, los gobiernos de Venezuela y de Argentina
pretenden negar lo que es evidente. Pretenden desmentir lo
que ha resultado no solamente público y notorio sustanciado
con pruebas consistentes en grabaciones de conversaciones
telefónicas, videos de reuniones entre los inculpados
y testimonios del propio Antonini.
Los detalles del escándalo y las evidencias sobre el
origen y el destino de los 800 mil dólares emanando poco
a poco y parece que todavía hay mucho más.
Si, como asegura Chávez, Antonini no formaba parte de
la delegación que lo acompañó a Argentina en
aquella oportunidad, ¿cómo se explica que este último
estuviera presente en la Casa Rosada precisamente en el momento
en que tenía lugar el principal acto oficial de la visita
presidencial a Buenos Aires? Me imagino que al palacio presidencial
argentino no entra cualquiera "como Pedro por su casa". Chávez
también debería explicar ¿por qué Antonini
aparece fotografiado detrás suyo mientras trotaba en
las playas de Copacabana en una de las oportunidades en que
viajó a esa ciudad?
Una de las consecuencias más importantes de este
escándalo consiste en que ha quedado internacionalmente
demostrado el papel que viene jugando Chávez en los eventos
electorales presidenciales de países de la región.
Primero fue Bolivia, luego Nicaragua, después Ecuador
y por último Argentina sin contar otros que a lo mejor
no han trascendido.
El cinismo de este gobierno llega al punto de que el envío
de los 800 mil dólares a Argentina ocurre precisamente
cuando en Venezuela se desarrollaba la campaña electoral
del el referendo sobre las propuestas de Chávez para
modificar la Constitución Nacional. Como se recordará
una de esas propuestas establecía lo siguiente (Artículo
67):
"Se prohíbe el financiamiento a las asociaciones con
fines políticos o de quienes participen en procesos electorales
por iniciativa propia con fondos o recursos provenientes de
gobiernos o entidades públicas o privadas del extranjero".
Pero ya sabemos que en este régimen la legalidad y la
moral funcionan sólo en una dirección. Lo ilegal
y lo inmoral es lo que los demás hacen. Nunca lo que
hace el conductor de la "revolución bolivariana".
En cualquier país del mundo un escándalo como este,
en el cual un gobierno aparece involucrado en una grotesca
operación de soborno-extorsión, habría sido
suficiente para ocasionar su caída. También en Venezuela
si existiera el estado de derecho. Por mucho menos Carlos
Andrés Pérez fue enjuiciado y llevado a la cárcel.
Eso demuestra la diferencia entre cómo funcionaba la
justicia en tiempos de "la cuarta" y cómo funciona en
"la quinta" cuyo gobierno se proclama como el más democrático
y el más respetuoso de los derechos humanos del mundo.
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