SUHELIS TEJERO PUNTES

EL UNIVERSAL

Desde hace varios años se observa una tendencia de endurecimiento de las normas laborales y todo indica que en el año 2008 se profundizará. Tan solo los poderes habilitantes con los que cuenta el Ejecutivo serán suficientes para que se aprueben leyes como la de Estabilidad en el Trabajo y la de Consejos Obreros, pero también se espera la aprobación de otras normativas por parte de la Asamblea Nacional (AN).

En conjunto, los nuevos instrumentos cambiarán por completo el panorama laboral en el país. Prohibición a despidos injustificados, creación de instancias de participación en la toma de decisiones de las empresas, una nueva jornada laboral, el regreso a la retroactividad de las prestaciones sociales y la implantación de un esquema previsional nuevo serán algunos de los elementos que entrarán en escena en el transcurso del próximo año, según estiman las autoridades del Gobierno.

Y aunque algunos de estos aspectos estaban contenidos en la reforma constitucional que fue propuesta por el Presidente Hugo Chávez, el rechazo a la misma en el referendo del pasado 2 de diciembre no exime al Gobierno de poner en marcha esos planes, pues estos eran parte de los compromisos que debía asumir la AN cuando la vigente Carta Magna fue aprobada en 1999.

Al menos la retroactividad de las prestaciones es una deuda que desde entonces mantiene el Parlamento, al igual que la reducción de la jornada de trabajo, que actualmente es de ocho horas, pero que se espera rebajar a seis. Tanto empresarios como el propio Ejecutivo coinciden en que este cambio implicará un incremento de los costos laborales en las empresas de alrededor de 25%.

Sobre este último punto, si bien el triunfo del No en el referendo constitucional frenó el recorte del horario de trabajo, el mismo puede ser aplicado por la vía legal porque el camino ya estaba abierto con la Carta Magna vigente. Sin embargo, desde el Gobierno esperan que el Presidente Chávez dicte los lineamientos que permitan que el plan se ponga en marcha, al menos para los trabajadores del sector público, según informaron fuentes del alto Gobierno.

También será exclusiva para los obreros y empleados gubernamentales su participación en empresas de producción social y cualquier otro esquema socialista que se implante como unidad de producción, a través de los consejos de trabajadores. Consultados en el Gobierno destacaron que en las empresas privadas estas instancias tendrán un rol bastante reducido que, en realidad, servirá como enlace entre la directiva y la masa laboral de la empresa, además de realizar labores de formación socialista, la cual no será de obligatoria aceptación por parte de los trabajadores.

Pero lo que tendrá un efecto más contundente será la aprobación del Decreto-Ley de Estabilidad en el Trabajo, con el cual las empresas quedarán limitadas para despedir a sus trabajadores.

Una vez que entre en vigencia la ley, que se espera sea en enero cuando el Presidente Chávez dé luz verde al paquete de las 100 leyes de la Habilitante, los patronos deberán pedir permiso a la autoridad laboral, en este caso representada por el inspector del Trabajo, para romper la relación laboral con alguno de sus trabajadores.

Esta normativa eternizará la inamovilidad laboral, que se encuentra vigente desde el año 2003. Se espera que la Ley de Estabilidad en el Trabajo sea aplicada 180 días después de su promulgación, lo que permitirá a los empresarios adecuarse a los cambios.

Por último, el Ejecutivo hizo un llamado a la Asamblea Nacional para que apruebe el esquema de Seguridad Social, del cual sólo quedan pendientes de promulgación el régimen prestacional de Salud y el de Pensiones. En el caso de este último, falta calcular cuánto le costará al Estado la vigencia de un nuevo precepto provisional, pero en todo caso se estima que el porcentaje de aporte de los trabajadores y patronos a la Seguridad Social se incremente.

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