JOSÉ ANTONIO AZOPARDO

EL UNIVERSAL

El presidente de las empresas 1BC, Marcel Granier, introdujo ayer ante la Fiscalía General de la República una solicitud de investigación por el "fraude procesal" presuntamente cometido cuando el Estado venezolano tomó los equipos de transmisión de RCTV. "Lo hacemos fundamentándonos en los hechos de carácter público y notorio que han visto todos los venezolanos", dijo Granier.

El directivo presentó un video donde el ministro del Poder Popular para las Comunicaciones, Willian Lara, afirma que el Gobierno tenía "sus mecanismos" para hacer que TVes llegara a todo el país. También incluía imágenes de la ocupación de los edificios de transmisión. Ambos hechos ocurrieron antes de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que permitió la utilización "temporal" de los equipos de RCTV, valorados en más de 100 millones de dólares.

"El ministro adivinó que había una decisión en la que se ordenaría una ocupación de las repetidoras, en 48 sitios distintos del país, algunos casi inaccesibles. Pero eso se hizo antes de la divulgación de la decisión del TSJ. No es más que una aberrante agresión de los derechos humanos fundamentales consagrados en la Constitución", aseguró.

Granier también denunció que, a seis meses del día en el que les fueron tomados sus equipos de transmisión, "éstos no han sido resarcidos". "Tampoco nos ha sido permitido buscar los equipos no confiscados ni verificar el estado de lo demás", agregó.

Granier señaló que "no ha pasado nada" con las medidas que el grupo 1BC introdujo anteriormente a favor de RCTV. Sin embargo, manifestó tener esperanza de que se haga justicia. "El 2 de diciembre, a pesar de que todo el mundo sabe que el CNE no es imparcial, todo el mundo votó para exigir que le sean respetados sus derechos. Yo espero que lo mismo suceda ahora", dijo.

Por último, Granier informó sobre la situación actual del canal. "En mayo, RCTV tenía 45 por ciento de share. Ahora sólo disfruta del dos por ciento de esa audiencia", concluyó.