ROBERTO GIUSTI

EL UNIVERSAL

Sólo una asamblea nacional constituyente o un cambio cosmético podría relanzar el proyecto de reforma constitucional rechazado por el pueblo el pasado domingo. Es decir, en estricto cumplimiento de las normas constitucionales, resulta imposible, no sólo desde el punto de vista procedimental, sino del contenido, imponer lo ya improbado por el constituyente, a través de una ley habilitante, por medio de una propuesta de la Asamblea Nacional o recogiendo las firmas de 10% de los votantes para forzar una nuevo referéndum.

En el primero de los casos, el más improbable, pero no imposible, existen antecedentes de decretos-ley que se adelantaron a las votaciones del 2 de diciembre y dando por supuesto que la propuesta del presidente Chávez sería aprobada, fue creada la Comisión Central de Planificación cuyo objetivo es "la transición hacia un modelo integrado de planificación centralizado", la transformación de las empresas del Estado en empresas socialistas" y "la construcción de un modelo socialista de desarrollo económico", que atentan contra 23 artículos de la Constitución vigente, incluyendo la negación del estado federal descentralizado, la libertad económica, la autonomía municipal y el Consejo Federal de Gobierno.

De la misma forma el paquete de cientos de leyes complementarias que se preparaba, dentro de la habilitante, para darle contenido y especificidad a las normas del fracasado nuevo marco constitucional, tendrían que ser definitivamente descartadas por estar en contradicción con la renacida Constitución del 99.

En esas circunstancias y pese a la previsible arbitrariedad con que se trata el ordenamiento jurídico la vía de la habilitante, como vía sustitutiva del referéndum, cuyo resultado fue adverso, podría desencadenar una tormenta política vista la nueva correlación de fuerzas electorales surgidas del 2 de diciembre.

Otras dos posibilidades consisten en insistir con la Asamblea Nacional como proponente y volver de nuevo al referéndum, pero por razones también legales sería imposible la presentación del bloque número dos, ya negado. Un problema secundario porque, al fin y al cabo, lo que más importa al Presidente o quizás lo único que le interesa, en definitiva, porque lo demás viene por añadidura, es la reelección indefinida y ésta se encuentra ubicada en el primer bloque el cual el proponente fue él mismo. Queda, entonces, el recurso de la recogida de firmas, por parte de 15% de los electores para desembocar en un referéndum consultivo.

Sólo que, además de violar el artículo 345 de la Constitución ("..La iniciativa que no sea aprobada no podrá presentarse de nuevo en un mismo período constitucional a la Asamblea Nacional"), porque se trata "de una decisión del poder constituyente originario que obliga a todos". Al menos esa es la opinión del profesor de Derecho Constitucional de la ULA, Jesús Rondón Nucete, para quien el proyecto de reforma rechazado por el pueblo se convierte en una "constitución negativa", un conjunto normativo que señala lo que no se puede hacer. A su juicio "en el referéndum el depositario del poder constituyente originario; es decir, el pueblo, al improbar el proyecto ratificó las normas existentes que se querían sustituir o modificar y rechazó expresamente las proposiciones de reforma de las mismas. El texto presentado al electorado es, en adelante, fuente de derecho, como manifestación de interpretación auténtica que permite conocer la voluntad del soberano". En consecuencia, advierte, "nada de lo que se rechazó el domingo podrá ponerse en práctica a menos que estuviera previsto ya en la Constitución de 1999 (reducción de la jornada laboral o el fondo social para los trabajadores informales). De manera que no puede utilizarse ningún mecanismo para burlar la decisión del poder constituyente. Sería un acto inconstitucional que acarrearía responsabilidad penal para sus autores".

Quedan, sin embargo, rendijas por las cuales hacer pasar, hasta la legalidad, sino la tesis de la reelección indefinida, sí la de un tercer período, lo cual le daría seis años adicionales a partir de 2013. Una opción que, sin ser exactamente la propuesta original, podría satisfacer, en parte, los propósitos de un mandato capaz de prolongarse por más de veinte años.

Pero si desde el punto de vista jurídico las cosas parecen bien claras, desde el político las perspectivas cambian, aun cuando no favorablemente para el Gobierno. Así, tanto en el caso de la Asamblea, como en la recogida de firmas o en la modificación de la propuesta, al final ésta tendrá que vérselas con la decisión de los electores y nadie le garantiza al Presidente que pueda revertir un criterio mayoritario que luego de las votaciones (en este caso las del 2 de diciembre) suele contagiarse a los votantes, tanto a aquellos originalmente a favor de la reforma, como a los abstencionistas. Una tendencia que podría consolidarse en un clima de incomodidad social en el cual todas las previsiones indican que en los meses por venir las dificultades de desabastecimiento se agravarán, provocando un alza de la tasa inflacionaria más alta de todo el continente.

A esto habría que agregar el tema de las elecciones para gobernadores y alcaldes, que deben celebrarse en octubre del año próximo, un reto que, a la distancia, luce como problemático para el Gobierno, que podría perder la hegemonía del poder regional con el triunfo de la oposición en algunos estados clave. De manera que ningunos de los escenarios anteriores parece propicio para insistir en una idea que ya parece una obsesión fatal.

La ruleta rusa de la Constituyente

Queda, entonces, la salida constituyente, la única constitucionalmente aceptable a los fines de la perpetuación en el poder y demás iniciativas abortadas el 2D. Jurídicamente blindada en sus decisiones y conformada electoralmente por iniciativa del Presidente, de la asamblea, de los concejos municipales o del 15% de los electores, la Constituyente es, en realidad, el único órgano en capacidad de transformar el Estado.

Aquí el problema sigue siendo el mismo: las elecciones, además, por supuesto de quién las convoque. Si, por ejemplo, el convocante es un grupo de ciudadanos de oposición, Chávez quedaría como la víctima llamada al cadalso. Si el convocante es él, entonces, se confirmaría la ya establecida idea de su insaciable apetito de poder. Aquí el problema sigue siendo el mismo: las elecciones. Al final todo depende de los votantes y si en un año como el 2007, cuando las dificultades económicas no se hicieron sentir con el peso que se espera para 2008, ¿por qué razones podría Chávez recuperar los tres millones de votos perdidos para conseguir su objetivo? Algunos observadores advierten que si nos guiáramos por los resultados del 2D Chávez saldría favorecido porque debido al sistema de voto por circunscripciones regionales y tomando en cuenta que el Presidente ganó en 15 de las 24, si los del domingo pasado hubieran sido comicios para elegir constituyente, otro hubiera sido el resultado.

De manera que la elección de la Constituyente, tal y como la promueve el general Baduel, resulta un arma de doble filo, tanto para la oposición como para el Gobierno. Para la primera porque Chávez sigue siendo un adversario temible, con todo el poder a su favor y podría voltearse la tortilla. Para el Gobierno, porque de ganar la oposición Chávez podría salir definitivamente del poder, luego de sus reacciones infantiles e insólitas ante la derrota, ofreciendo pasarle la cuenta a sus propios votantes. Y para el país en general porque de producirse una suerte de empate la situación podría estancarse, como ocurrió en Bolivia y la crisis política sería de consecuencias imprevisibles. Todo esto sin contar con las elecciones regionales, de las cuales depender, en gran parte, el futuro de ambos bandos en un país que luce fatigado de la diatriba y sigue esperando que se les resuelvan los verdaderos problemas; es decir, la inmensa deuda que ha acumulado Chávez en nueve años de poder.