PEDRO PABLO PEÑALOZA
EL UNIVERSAL

Un informe de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, que debe ser discutido y sancionado hoy, declara la responsabilidad política del gobernador de Yaracuy, Carlos Giménez, por "acciones u omisiones que originaron un daño patrimonial al erario público del estado que supera los 200 millardos de bolívares".

Este dictamen forma parte del expediente número 607 de esa instancia legislativa, referido a las "presuntas irregularidades administrativas ocurridas en el Instituto Autónomo para el Desarrollo Social del estado Yaracuy (Fundesoy), y en la asignación de recursos de la Ley de Asignaciones Económicas Especiales (LAEE) al municipio Bruzual" de esa entidad.

De acuerdo con la investigación ordenada por los diputados, entre 2004 y 2005 Giménez emitió "15 decretos de emergencia que no cumplieron con los requisitos constitucionales ni legales". En el documento, que hoy debe ser refrendado por los miembros de la Comisión de Contraloría, se registra una serie de adjudicaciones directas con "evidente sobreprecio", entre las que destaca "el proceso de repotenciación, reparación y over holl (sic) de 109 unidades de transporte público de Yaracuy (...) por un monto de 11.499.770.950,16 bolívares".

En el texto se acusa al mandatario regional de "haber evadido todos los procedimientos de control de gasto público (...) con la sola intención de desviar recursos de otras instituciones de Yaracuy hacia Fundesoy".

Las pesquisas comenzaron el 18 de abril de 2007 y hoy el gobernador que encabezó el comando de campaña por el Sí y alcanzó el 52% de los votos, enfrenta la posibilidad de recibir una sanción moral y política.

A Giménez también lo señalan por uso fraudulento y engañoso de la Gaceta Oficial, utilización de la figura de los créditos adicionales "en forma indiscriminada", ampliación del lapso de los decretos de emergencia, legitimación de capitales, peculado doloso impropio, concierto con interesados o intermediarios, falsa testación ante funcionario público, y violación de la Ley Penal del Ambiente al contratar la venta de "28 mil kilogramos de chigüire por Bs 12 mil", "actividad que se realizó sin contar con permisos ambientales y sanitarios".

Por otra parte, en su sesión de ayer la Comisión declaró la responsabilidad política de los alcaldes de Tucupita y Boconó, Edgar Domínguez y Marcos Ojeda, respectivamente. Ojeda fue investigado por fallas en el proyecto urbanístico "La Victoriana", y Domínguez por irregularidades en un plan de procesamiento del langostino azul.