Caracas.- Dirigentes estudiantiles de oposición suspendieron hoy una marcha para protestar por los actos de violencia registrados ayer, con el fin, según dijeron, de no dar pie a nuevas confrontaciones entre grupos ideológicamente adversos.

Stalin González, presidente de la Federación de Centros Universitarios, explicó que la decisión se tomó por la presencia de cuerpos policiales a la entrada de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y por la concentración de estudiantes pro oficialistas en la Universidad Bolivariana, reseñó Efe. 

La marcha tenía como punto de salida la UCV y como destino la sede de la Fiscalía General, donde los manifestantes tenían previsto entregar presuntas pruebas de que los conflictos del miércoles, en los que nueve personas resultados heridas, entre ellas dos de bala, fueron responsabilidad de simpatizantes del Gobierno.

La protesta, convocada la tarde del miércoles, no pudo obtener los permisos reglamentarios de la alcaldía, por lo que de haberse celebrado hubiese tenido un carácter ilegal.

Esa circunstancia hizo que piquetes antidisturbios de la Policía Metropolitana y de la Guardia Nacional se apostasen en las entradas principales de la UCV, con el fin de impedir la salida de los estudiantes.

Además, se trató de evitar el riesgo de que la marcha de los estudiantes opositores fuera respondida por otra de los estudiantes oficialistas y pudiesen confluir y chocar en alguna parte de sus trayectos.

La suspensión de la marcha estuvo acompañada del cruce de acusaciones entre representantes de ambos bandos y de declaraciones de descalificación mutua.

La actual crisis estudiantil tiene como fondo la confrontación entre quienes aprueban la reforma constitucional promovida por el presidente Hugo Chávez y quienes la rechazan.

Estos últimos sostienen que la mayoría de la población no conoce los verdaderos alcances de la reforma y, por lo tanto, no está en capacidad de tomar una decisión consciente en el referendo convocado para el 2 de diciembre, que decidirá su aprobación o rechazo.

En consecuencia, pidieron ayer al Tribunal Supremo de Justicia que suspenda la consulta o que, en su defecto, la aplace unos tres meses.