El que parte y reparte se queda con la mejor parte. Mientras los representantes de Podemos denunciaban ayer que el Parlamento estaba perpetrando un golpe de Estado contra la Constitución, algunos legisladores del PSUV destacaban el "tremendo golpe" que el Presidente le estaba asestando a la Asamblea al dividir el proyecto de reforma en dos bloques.

"Partir la propuesta significa un reto al liderazgo de la AN", explicaba un diputado, que sustentó su tesis así: "Por un lado va el bloque del Presidente, que incluye la reelección indefinida y la extensión del período presidencial, pero también la reducción de la jornada laboral y la creación del Fondo para Trabajadores por Cuenta Propia; mientras que por el otro irá nuestra iniciativa, que es menos atractiva".

Tal como lo había solicitado el jefe de Estado, su paquete de 33 artículos se mantuvo incólume. A este fragmento se le sumaron otras 13 normas, entre las que se hallan: 64 (disminución de la edad para votar), 103 (derecho a la educación integral), 153 (relaciones internacionales), 272 (sistema penitenciario) y las disposiciones relacionadas con la construcción de la economía socialista.

En el bloque "B", donde se concentran 23 artículos redactados por la AN, destacan los apartados referidos a los estados de excepción (337, 338 y 339), el incremento del número de firmas para convocar los revocatorios (72), el establecimiento del voto paritario para elegir a las autoridades universitarias (109) y el vinculado con la remoción de los magistrados del Tribunal Supremo (265).

Las normas sobre la selección de los integrantes del Poder Ciudadano (279), las funciones del Consejo Nacional Electoral y la designación de sus rectores (293 y 295), así como el relacionado con las atribuciones de la Contraloría General de la República (289), también constituyen la segunda sección de la propuesta que se someterá a referendo el 2 de diciembre.

El lado "B" incorpora, además, una norma que previsiblemente contará con la adhesión sin fisuras de los Maduro, Carreño y Lara: la 191, que permite a los diputados que ejercen cargos en la Administración Pública mantener su investidura. PPP