LAURA DÁVILA TRUELO
EL UNIVERSAL

La propuesta definitiva de reforma constitucional que terminó de discutir la Asamblea Nacional dejó de lado los temas de seguridad ciudadana y en el documento sólo se menciona el termino para referirse a las actividades que en tal sentido deberán asumir la Fuerza Armada y la Guardia Nacional.

El artículo 238 le asigna a la FAN la responsabilidad de la "cooperación en tareas de mantenimiento de la seguridad ciudadana y orden interno", mientras el 239 reza "La Fuerza Armada podrá ejercer actividades de policía que le atribuye la ley".

Soraya El Achkar, ex directora de la Comisión Nacional para la Reforma Policial y miembro de la Red de Apoyo por la Justicia y La Paz, explicó que en el documento definitivo hubo un avance "pues la primera propuesta que hizo el Presidente contemplaba que la FAN tenían como parte de sus funciones la seguridad ciudadana y en una de las disposiciones transitorias se decía que una parte de la Guardia Nacional conformaría las policías".

El Achkar explicó que desde la Red de Apoyo ellos esbozaron las inconveniencias de estas disposiciones pues, a su juicio, las policías deben ser civiles, una cosa es la defensa de la nación y otra la seguridad ciudadana.

Lo que se pudo contemplar
Pero El Achkar aún cree que hubo temas que debían ser contemplados en la reforma, uno de ellos era delimitar el poder de los gobernadores y alcaldes en las policías. Dice que en la actualidad gobernadores y alcaldes deciden desde el régimen de previsión social hasta las armas que usan, pero eso es parte de la vida profesional del policía, y esas disposiciones tendrían que devenir de una ley nacional. A su juicio "aunque los alcaldes tienen mando no deben tener injerencias dentro de la policía para evitar decisiones partidistas o discrecionales".

El otro aspecto que según la Red de Apoyo debió tener rango constitucional fue la creación de un sistema integral de policía conformado por Ministerio de Interior como rector, la Policía Nacional, que hay crearla, las policías estadales y municipales y un Consejo Nacional de Policía, instancias encargadas de diseñar políticas en materia policial, presidido por el Ejecutivo, y que incluyera una comisionaduría para velar las graves violaciones de derechos humanos y una figura de ombudsman que vigile las violaciones contra los derechos del policía.

Pero mientras el país debate las modificaciones constitucionales, el ex fiscal general, Javier Elechiguerra, dice que en Venezuela existe "el mito legal" que implica creer que un problema se resuelve por vía de ley.

Elechiguerra dice que los temas de seguridad ciudadana no se arreglan con normas constitucionales sino con políticas. "Nosotros estamos saturados de leyes. Contra la seguridad no hay nada que inventar, hay que diseñar un plan nacional y ver cómo se establecen políticas para hacerles seguimiento".