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Decanos afirman que la reforma es "jurídicamente inaceptable"

Pabón (izquierda), Casal (centro) y Aure (derecha) recordaron que la Constitución debe "recoger lo que nos une, no lo que nos separa" (Vicente Correale)
Exigieron a la AN suspender la discusión de la reforma

JUAN FRANCISCO ALONSO

EL UNIVERSAL

Por considerar que la Constitución puede convertirse "en una fuente de fractura social y de serios conflictos", representantes de diez universidades del país y decenas de catedráticos solicitaron a la Asamblea Nacional que suspenda el trámite de la reforma constitucional planteada por el presidente Hugo Chávez e inmediatamente abra un proceso de diálogo con los diversos sectores del país, para alcanzar un consenso entorno a la revisión de la Carta Magna.

Los decanos de las facultades de Derecho de las universidades Central de Venezuela (UCV), Católica Andrés Bello (UCAB), Monteávila (UMA), de Carabobo (UC), José María Vargas, Arturo Michelena, Metropolitana (Unimet), de Yacambú, José Antonio Páez y Católica del Táchira (UCAT); así como tres miembros de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales y 14 profesores de Derecho Constitucional rechazaron la propuesta del mandatario, así como las modificaciones realizadas posteriormente por el Parlamento, a las cuales calificaron de "jurídicamente inaceptables".

En rueda de prensa celebrada ayer, en la extensión de la UCAB en Chacao, el representante de esa casa de estudios, Jesús María Casal, leyó el documento en el cual se afirma: "La Constitución debe ser un punto de encuentro entre corrientes políticas diversas e incluso contrarias, no una plataforma normativa para la entronización de las propias concepciones y la exclusión de los demás. Si la Constitución se identifica con la ideología de un sector político-partidista, pierde su apertura a otras formas de pensar y de entender la acción política y las relaciones de la persona con la sociedad".

Contraria a los DDHH

Aunque no hicieron ningún llamado a aprobar o rechazar la reforma, los expertos advirtieron que ésta contiene varias disposiciones que son "regresivas" en materia de derechos humanos.

Seguidamente señalaron que el planteamiento dificulta la activación de mecanismos de participación ciudadana (referendos) y condiciona a los medios de participación a la construcción del socialismo. Asimismo recordaron que los derechos sobre creaciones científicas, artísticas o humanísticas quedan desprotegidas y que se suprime el derecho de toda persona a dedicarse a la actividad económica de su preferencia y debilita los límites y controles institucionales de los estados de excepción.

Sobre este último asunto, Casal agregó: "La Asamblea tiene que darle al país una explicación de por qué nos quieren acotar nuestros derechos fundamentales. ¿Qué es lo que se pretende? ¿Se pretende volver a la figura de suspensión de garantías?"

Interrogado sobre lo que ocurriría de aprobarse en referendo la iniciativa, dijo: "Sería lamentable que alguien pudiera renunciar a sus derechos".

Chao descentralización

Los catedráticos rechazaron las modificaciones realizadas para incorporar la "nueva geometría del poder", pues le otorga al jefe del Estado la potestad de crear y suprimir las regiones marítimas, las ciudades federales, los distritos funcionales, territorios federales y las demás nuevas estructuras de político-administrativas; en detrimento de las facultades de los gobiernos regionales y municipales.

"La descentralización es abandonada como política nacional", alertaron los especialistas en Derecho, quienes también denunciaron que la reforma menoscaba la "ya precaria división de poderes (...), al preverse la remoción de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia por una simple mayoría de los integrantes de la Asamblea".

Lo bueno no necesita reforma

Los representantes de las universidades y de las academias reconocieron que los planteamientos de la reforma, como la reducción de la jornada laboral y la creación de un fondo de protección social para los trabajadores independientes, son positivos.

No obstante, aclararon que todos esos planteamientos pueden y ya debían haberse puesto en marcha, gracias a iniciativas legales que ha debido adoptar el Parlamento.



 
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