MARIELA LEÓN
EL UNIVERSAL
Durante unas jornadas de actualización tributaria, auspiciadas
por Consecomercio, la diputada Iroshima Bravo detalló
la agenda legislativa en esa materia para los próximos
meses.
La presidenta de la subcomisión tributaria de la Asamblea
Nacional destacó en el encuentro la derogatoria de la
Ley de Hacienda Pública y la reforma de las leyes de
Timbres Fiscales, de Ilícitos Cambiarios (prevista para
enero) y de Contrabando.
Refirió la diputada que en la Ley de Timbres Fiscales
existe la posibilidad de ajustar las tasas por unidad de tributo
en los servicios que se prestan. Y al mismo tiempo convertir
a la Onidex en un organismo autónomo y recaudador que
no dependa de los recursos públicos.
Asimismo se prevé modificar la Ley sobre el Contrabando,
permitiendo a la Guardia Nacional "contar con atribuciones
más amplias" que se equiparen con las acciones del Gobierno
y del sector empresarial.
Bravo indicó además, atendiendo a las interrogantes
de los asistentes, que el impuesto a las transacciones financieras
se aplicará por dos meses (noviembre y diciembre), en
vista de que la disminución sustancial del Impuesto al
Valor agregado (IVA) ha repercutido en los niveles de recaudación
y la meta debe cumplirse.
En cuanto a la posibilidad de que el IVA sea eliminado o
nuevamente reducido señaló que "eso está en
discusión" y será el Presidente quien tome la decisión
definitiva. "Este impuesto toca directamente al bolsillo de
la población y queremos crear tributos que vayan a grandes
capacidades contributivas".
Comentó la parlamentaria que "estamos encaminados a
un régimen socio-económico socialista, cuyo fin
es que aquel que más tiene contribuya más con las
cargas públicas del Estado". Y está orientado a
apoyar "la justicia social y acabar con la desigualdades económicas".
Órgano ejecutivo
La diputada hizo alusión a que la Asamblea Nacional
aprobó la modificación del artículo 236, a través
del cual se confieren atribuciones al presidente de República,
la administración de la hacienda pública nacional
y se le complementa con la regulación y la política
monetaria.
"Eso tiene que ver con la discusión sobre la no autonomía
del BCV", dijo. El instituto emisor pasa a ser un órgano
del Ejecutivo y las políticas monetarias que anteriormente
estaban dirigidas a otros sectores ahora van a estar orientadas
a más inversión social".
El Central "va a continuar ejerciendo sus funciones, como
la estabilidad de precios y mantenimiento del valor de la
moneda, pero ahora lo va a hacer bajo la estricta vigilancia
del Ejecutivo". Y en lo que respecta a las reservas internacionales
"las seguirá manejando el BCV, pero bajo la vigilancia
y administración del Presidente".