JUAN FRANCISCO ALONSO
EL UNIVERSAL
La devolución de la frecuencia en la que Radio Caracas
Televisión (RCTV) trasmitió en señal abierta
hasta el pasado 27 de mayo, así como de sus antenas,
trasmisores y equipos de microondas, exigió la Asociación
Internacional de Radiodifusión (AIR) al gobierno del
presidente Hugo Chávez.
Desde la ciudad ecuatoriana de Manta, donde esta semana celebró
su Asamblea General, el organismo que agrupa a cientos de
televisoras y emisoras radiales privadas de América y
Europa emitió tres resoluciones cuestionando la decisión
del Ejecutivo de no renovarle la concesión a la estación
propiedad del grupo 1BC.
En el documento número 27, la AIR reiteró que la
resolución oficial contra RCTV "es contraria a los principios
democráticos" y que "violenta el derecho a la libertad
de expresión de todos los venezolanos, que se ven impedidos
de escoger libremente el canal de su preferencia", pero, además,
afirmó que seguirá de cerca la situación que
vive esa planta "hasta la restitución de su señal
al aire".
Tras afirmar, en la resolución 28, que la medida contra
el otrora canal 2 "constituye un grave precedente para todos
los radiodifusores de las tres Américas, Europa y Asia",
el organismo internacional solicitó a sus miembros que
todos los días 27 de cada mes realicen "manifestaciones,
declaraciones o acciones" en repulsa contra el Ejecutivo,
hasta tanto éste no le permita a la estación privada
más antigua de Venezuela reiniciar sus emisiones en señal
abierta.
Al César lo que es del César
La AIR también condenó el fallo de la Sala Constitucional
del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) del pasado 25 de mayo,
que le permitió a la nueva Televisora Venezolana Social
(TVES), la cual ocupó el espacio de RCTV, utilizar los
equipos de transmisión del canal dirigido por Marcel
Granier, por tiempo indefinido y sin ningún tipo de compensación
económica.
En su resolución número 26, la instancia internacional
demandó de las autoridades venezolanas que le devuelva
al grupo 1BC todos los aparatos "en el mismo estado y operatividad
en que se encontraban para el momento de su incautación",
no sin antes acusarlas de haber violado el ordenamiento jurídico
al adoptar esta resolución.
Por último, le recordó que el derecho a la propiedad
"es inherente a la condición humana y constituye uno
de los fundamentos de toda sociedad verdaderamente democrática,
libre y justa".
jalonso@eluniversal.com
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