Mi hermano Enrique les dirigió, en estos días, una trascendente carta a los dirigentes y militantes del PPT y del Partido Comunista de Venezuela, recordándoles sus comunes luchas sociales y políticas. Digo trascendente, por ser una crítica a la reforma constitucional proveniente de un político que mantiene una ideología de izquierda democrática y que por muchos años sostuvo una posición  militante en oposición de los gobiernos de Acción Democrática y  COPEI. Inicia su argumentación señalándoles a los destinatarios de la carta que "lo que está en juego hoy son los valores más esenciales a cualquier régimen democrático". De inmediato les  resalta cómo "al final de estos procesos en los que tales valores son vulnerados, las últimas víctimas propiciatorias suelen ser quienes han sido, cuando caen en desgracia o cuando se atreven a discutir los designios del poder absoluto constituido, sus principales propugnadores". Ratifica sus planteamientos  a los dirigentes y militantes del PPT y del PCV recordándoles la historia de todas las revoluciones: los guillotinados de la Revolución Francesa y las purgas stalinianas de los años 30 a los miembros del Comité Central del Partido Comunista ruso de la época de Lenin. Creo que se le olvidó las purgas y fusilamientos de Fidel Castro.

En un segundo punto de la carta afirma que los dirigentes y militantes de estos partidos tienen que entender  "que para quienes somos oposición a este gobierno es legítimo preguntarnos y preguntarle al pueblo si un gobierno que tuvo por mandato popular la posibilidad de convocar una Asamblea Constituyente y, por tanto, redactar una Constitución enteramente nueva, que tuvo todo el poder y todo el dinero, tiene derecho a argumentar que esa reforma de apenas 33 artículos es necesaria para atender las demandas de más libertad, más democracia, más progreso y más justicia social para el pueblo. En todo caso no les pedimos que respondan con nosotros que no es necesario y que bastaría con cumplir con eficacia los postulados de la Constitución actual para que aquellas demandas sean satisfechas. Pero lo que sí les pedimos es que se pregunten si en verdad el contenido de esta reforma que se propone es coherente o si más bien contradice los ideales socialistas, o si se quiere de resguardo y promoción de los derechos humanos, que algunos de ustedes y muchos de nosotros hemos compartido durante toda la vida". De inmediato pasa al fondo del problema.
 
Sus argumentos tienen un hilo conductor: demostrar que la Reforma Constitucional sólo busca establecer una dictadura totalitaria sin importarle contradecir los valores esenciales del socialismo democrático y violar los derechos humanos de los venezolanos. Mantiene en su argumentación que la reforma es militarista al atribuirle al presidente de la República en el artículo 11 la posibilidad de decretar Regiones Especiales Militares. Esta atribución es una clara amenaza  "de supresión de derechos civiles y políticos como los derechos  de manifestación, de reuniones públicas, de  huelga, de libertad de expresión". Sostiene que los artículos 16, 156, 236 comprometen uno de los valores fundamentales de la democracia: el derecho a elegir a sus gobernantes, al atribuirle al presidente de la República el poder para  crear mediante decreto las Provincias Federales, Ciudades Federales y Distritos Funcionales y designar sus autoridades. Más adelante señala que a su criterio es más grave  lo que ocurre con el llamado Poder Popular al afirmar en el artículo 136 que dicho poder "no nace del sufragio ni de elección alguna, sino de los grupos humanos organizados como base de la población, para aclarar más adelante en el artículo 156 que "la promoción, organización y registro de los Consejos del Poder Popular, así como el apoyo técnico y financiero le corresponde al Poder Público Nacional", es decir, a Hugo Chávez, quien para colmo desea permanecer de manera indefinida en el ejercicio de la Presidencia de la República.

En su análisis demuestra que, desde los tiempos de Gramsci, la izquierda democrática defiende como valores fundamentales el consenso social y el pluralismo ideológico frente a la dictadura del proletariado y la ideología única. Este es un aspecto fundamental de la crítica a la reforma constitucional que, en definitiva, trata de imponer como ideología única el socialismo del siglo XXI. Así queda establecido en los artículos 70, 158, 168, 112, 184, 300 y 318, contradiciendo de manera flagrante el artículo 2 de la Constitución vigente que establece que "Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general la preeminencia de los valores humanos, la ética y el pluralismo político". También critica la visión que sobre la propiedad privada se plantea en la Reforma Constitucional: argumenta que "una izquierda moderna debería entender que, en efecto, la propiedad privada es uno de los derechos humanos consustanciados a la persona", resaltando que ese derecho queda comprometido al eliminar el goce, disfrute y disposición  y sólo establecer el uso y el consumo de los bienes privados.

La conclusión que uno llega al terminar de leer la carta de Enrique a los militantes y dirigentes del PPT y del PCV es que el socialismo del siglo XXI que desea imponer Hugo Chávez en Venezuela no tiene nada que ver con las hermosas experiencias políticas de los socialismos europeos y  chileno, y convencernos que los modelos que quiere copiar son los totalitarismos soviético, chino y cubano. El objetivo es claro: garantizar su permanencia vitalicia en el poder como lo lograron José Stalin, Mao Tse-Tung y Fidel Castro. Los venezolanos tienen que entender que la Reforma Constitucional compromete definitivamente el régimen de libertades políticas en nuestro país. La mejor demostración de esta verdad es la reforma educativa y la manera como piensa ser impuesta.

ferochoa@cantv.net